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Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
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El Gobierno Nacional está trabajando en la prorroga de la emergencia económica, luego de que se cumplieron los 30 días desde que se emitió el decreto de diciembre
Arranca una semana decisiva para el futuro de la emergencia económica decretada por el Gobierno el pasado 22 de diciembre, esto en medio de un fuerte pulso institucional en la Corte Constitucional; el decreto que fue expedido por un periodo de 30 días, perdió vigencia la semana pasada, sin embargo, sus efectos y la legalidad de las medidas adoptadas siguen bajo escrutinio del alto tribunal.
Ante esto, la atención está puesta en las decisiones que adopte la Sala Plena, las cuales podrían marcar un precedente en el control de los estados de excepción.
El debate central gira alrededor de una posible suspensión provisional del decreto "madre" de la emergencia económica, figura excepcional que la Corte solo ha considerado en casos de actos abiertamente arbitrarios con efectos irreversibles.
Bajo este escenario, el primer asunto que deberá resolverse es el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, tras la recusación formulada por la Presidencia de la República debido a sus declaraciones sobre el trámite del decreto.
Ibáñez ha defendido que sus pronunciamientos se limitaron a explicar el procedimiento de control constitucional, en un contexto de alta demanda de claridad por parte de la ciudadanía. A pesar de esto, el Gobierno sostiene que esas declaraciones comprometieron su imparcialidad.
La decisión sobre este impedimento no es menor: su eventual apartamiento podría alterar las mayorías internas y debilitar la opción de suspender de forma total la emergencia económica, como lo propuso el magistrado Carlos Camargo, ponente del caso.
Camargo solicitó formalmente la suspensión provisional del decreto legislativo 1390 de 2025, al considerar que el Ejecutivo no acreditó la urgencia ni la imprevisibilidad exigidas por la Constitución para declarar un estado de excepción. En su argumentación, advirtió sobre el riesgo de afectar el sistema de pesos y contrapesos si se permite que el Gobierno legisle en materia tributaria sin una justificación sólida.
Sin embargo, con un bloque de magistrados cercanos al oficialismo y el distanciamiento de algunos votos clave, esa ponencia enfrenta un panorama incierto.
Por otro lado, el camino del decreto reglamentario 1474 de 2025 podría ser diferente ya que, la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés plantea una suspensión parcial que congelaría los impuestos indirectos creados al amparo de la emergencia entre ellos el IVA de 19% a las bebidas alcohólicas y a las apuestas en línea.
A pesar de esto, mantendría tributos directos, entre ellos el impuesto a los patrimonios superiores a $2 millones; esta opción tendría mayor probabilidad de prosperar en la Sala Plena.
Cabe resaltar que la Corte ya asignó el último decreto expedido dentro de la emergencia, publicado por el Ministerio de Minas el cual impone un "aporte solidario" a los operadores de energía para financiar empresas intervenidas. Este expediente quedó en manos del Magistrado Vladimir Fernández.
Por ende, este semana se perfila como clave para definir no solo el destino de la emergencia económica, sino también los límites del Ejecutivo en el uso de facultados extraordinarias. Juristas y economistas, que han intervenido en el proceso, aseguran que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen con el estándar constitucional de hechos sobrevinientes e imprevisibles.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional está trabajando en la prorroga de la emergencia económica, luego de que se cumplieron los 30 días desde que se emitió el decreto de diciembre.
“Las medidas se darán a conocer en el momento oportuno. Ya se cumplieron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, sería necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o una nueva emergencia económica, para la cual contamos con un plazo de hasta 90 días”, explicó el jefe de Hacienda.
Además, señalaron que a corte de noviembre de 2025 Colombia exportó al país vecino alrededor de US$1.673 millones y Ecuador US$681 millones
Acolgen expresó que la medida dificulta la llegada de nuevas inversiones y financiación para garantizar el suministro de energía
La presidenta del gremio indicó que Ecuador es un aliado clave y en 2025 Colombia exportó US$1.673 millones hacia ese país
