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HACIENDA Para Fitch, el próximo presidente tendrá que negociar reformas y verá limitaciones
lunes, 13 de junio de 2022

Richard Francis, Fitch Ratings


Según Richard Francis, los planes de ambos candidatos podrían ser difíciles de implementar dadas las rigideces de gasto público

En una nota previa a las elecciones, Richard Fracis, analista principal de Calificaciones Soberanas para Colombia de Fitch Ratings, sostiene que la elección del próximo presidente de Colombia conducirá a un ajuste en los objetivos de política económica bajo Gustavo Petro o una incertidumbre política significativa bajo Rodolfo Hernández.

“En cualquier caso, la necesidad de trabajar con un Congreso fragmentado y controles y equilibrios institucionales deberían ayudar a limitar el alcance de cambios políticos radicales”, plantea.

Según Francis, Petro se ha comprometido a romper con algunos elementos clave de la política económica de Colombia, en particular poniendo fin a la dependencia del petróleo deteniendo la exploración y centrándose en las energías renovables en un esfuerzo por diversificar la economía. “Pero parece haber moderado algunos compromisos políticos durante la campaña de segunda vuelta, por ejemplo, diciendo que la transición energética podría avanzar más lentamente”.

Explica que el plan de Petro para eliminar gradualmente las industrias extractivas de Colombia, aunque es poco probable que se implemente por completo debido a la oposición del Congreso, tendría implicaciones macroeconómicas más amplias dada su importancia para las exportaciones, la inversión extranjera directa y los ingresos fiscales. Hernández, dice, también ha abogado por una transición a la energía limpia y la reforma del sistema de regalías del sector minero, para aumentar los ingresos de los gobiernos regionales.

Al ahondar en uno de los principales retos que tendrá el próximo presidente, explica que los dos candidatos difieren en las políticas fiscales y de gasto. “Hernández se ha postulado en una plataforma anticorrupción, comprometiéndose a reducir el IVA de 19% a 10%, mientras recorta el gasto público. La plataforma de Petro, por otro lado, incluye un mayor gasto social pagado por aumentos de impuestos. Pide específicamente aumentar los ingresos fiscales en un 5% del PIB, la mitad para nuevos gastos y la mitad para la reducción del déficit”.

Su conclusión es que los planes de ambos candidatos podrían ser difíciles de implementar en su totalidad dadas las rigideces de gasto del gobierno y las dificultades políticas para aumentar los impuestos, como lo pusieron de relieve las protestas sociales de mayo de 2021 contra los cambios fiscales planificados (que luego se modificaron). “Ambos enfrentarán presiones de gasto, por ejemplo, para mantener el congelamiento de los precios de los combustibles y aumentar el salario mínimo”, señala.

Las pensiones y el sistema de pensiones son otra área clave de debate. Sobre el particular, Francis dice que Petro ha pedido una reforma de las pensiones que le dé al sector público una mayor presencia al obligar a las personas que ganan hasta cuatro veces el salario mínimo a pagar la pensión pública, lo que podría debilitar los ahorros privados y los mercados locales. “Hernández ha pedido que se proporcione una pensión igual al salario mínimo para los tres millones en edad de jubilación sin pensión. Esto podría costar casi 3% del PIB, si se implementa. Sin embargo, la reforma de pensiones requeriría la aprobación del Congreso y podría estar sujeta a revisión en la Corte Constitucional”.

“Cualquiera de los candidatos necesitaría lograr un consenso en el Congreso, donde ningún bloque individual tiene más de una quinta parte de los escaños en ninguna de las cámaras, para aprobar la legislación. La coalición Pacto Histórico, que apoya la candidatura de Petro, tiene 18% de los escaños de la Cámara de Representantes y 20% de los escaños del Senado, pero la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Hernández prácticamente no tiene representación en el Congreso”.

Y aunque ambos candidatos han dicho que podrían usar poderes justificados por lo que ven como una "emergencia económica" para hacer leyes por decreto por hasta 90 días, Francis recuerda que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre tales decretos, lo que podría limitar su uso. "Un banco central independiente y un sistema judicial autónomo también proporcionarán frenos y contrapesos al ejecutivo".

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