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Además, fue enfático en decir que los empresarios de la agroindustria no están interesados en que les sean adjudicados baldíos y comparten la visión de que estos terrenos de propiedad de la nación, sean adjudicados prioritariamente a los campesinos.
El gremio hizo un llamado para que se manifieste una decidida voluntad política y dé claridad jurídica a la propiedad de la tierra.
“Está en juego la seguridad alimentaria de Colombia y sería imperdonable que se deje pasar la oportunidad de desarrollar una zona que ha sido reconocida como la despensa económica del país. No hay mejor política social que desarrollar el campo para garantizar alimentos a precios competitivos para todos los colombianos y reducir la proporción de gasto de la canasta familiar que los estratos más desfavorecidos destinan en alimentos”, dijo Mejía.
Finalmente, recordó que las equivocadas interpretaciones a la Ley 160 de 1994 ponen en riesgo la propiedad de más de 620.000 predios en el país.
"Es momento de repensar las restricciones a la producción que impone un modelo basado en el concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF), una medida inflexible que limita la inversión en el campo y condena al pequeño productor a la pobreza", concluyó.
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El proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el de Minas y Energía, Andrés Camacho y expusieron que cumple con los artículos 360 y 361 de la Constitución Política
