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Reforma a la educación a un debate de ser ley
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El proyecto busca que la educación sea un derecho fundamental, y fue respaldado por unanimidad en la Comisión Primera del Senado
La reforma a la educación fue aprobada en la Comisión Primera del Senado y quedó a un debate de convertirse en ley de la República. La ponencia busca que la educación se convierta en un derecho fundamental, en casi todos los niveles, garantizar el acceso al sistema a todas las comunidades, además de mejorar las condiciones laborales de los maestros.
Lo más llamativo de la diligencia, fue que el proyecto lo respaldaron de forma unanime, de hecho, los senadores opositores como es el caso de Paloma Valencia, agradecieron al Gobierno por brindar espacios de diálogo para que sus posturas fueran tenidas en cuenta dentro de los 44 artículos.
“Le hago un reconocimiento a la ministra Aurora Vergara sobre sus formas y el fondo, que nos permitió lograr un acuerdo. Todos los partidos pudimos sentarnos a dialogar. Este es un mensaje de esperanza para el país”, dijo el senador David Luna.
Puede decirse que la decisión es histórica, teniendo en cuenta que en las últimas tres décadas no se aprobaba una ley estatutaria en el país, y mucho menos con total consenso.
El proyecto, al igual que las demás reformas que cursan en el Congreso, puede decirse que se salvó de hundirse, pues quedan 15 días para que se acabe el periodo legislativo, y lograr que la iniciativa pase a la plenaria del Senado, siendo este el último requisito para convertirse en ley.
Si bien esta iniciativa tiene el respaldo de diversos sectores políticos y de la sociedad civil, es clave no solo para la agenda del Gobierno, sino para garantizar que cada vez más colombianos accedan a los niveles primarios y secundarios de educación, que cumplan con los programas académicos, y así se impulsen otros sectores.
La reforma también es clave para apalancar iniciativas como la del sistema general de participaciones, que le podría inyectar más recursos a la educación, y tal vez la más polémica, el ajuste a la ley de la educación superior, que tiene en vilo a las universidades que alegan vulneraciones a su autonomía.
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