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Según el Contralor, “los recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) deben garantizar el pago de las pensiones y no contar con niveles de incertidumbre y riesgo innecesario para este tipo de recursos”, sostuvo.
La solicitud de las fiduciarias es que se permita al Fonpet invertir más del 5% de su portafolio en acciones y, además, que no se restrinja su participación en los fondos de capital privado.
En la actualidad, dicho fondo maneja recursos cercanos a $45 billones (cifra estimada a marzo de 2015).
Para Maya Villazón, el modelo puede ser viable, pero existen algunas situaciones, en materia de riesgo, que pueden ser críticas frente al manejo de los recursos públicos de las pensiones. Así, por ejemplo, pensar en invertir en concesiones viales que no tienen asegurada su rentabilidad es un riesgo alto, por tanto podría pensarse en tener un margen un poco mayo de inversión pero con un modelo de riesgo controlado.
Los dineros públicos deben atender una lógica diferente para sus inversiones al modelo de los recursos privados. El criterio que debe primar, ante todo, es la seguridad, antes que la liquidez o la rentabilidad, argumentó.
Recordó Maya que el Fonpet es un fondo que administra recursos para la protección social de un grupo determinado de personas que trabajan en entidades territoriales y que tenían el régimen de pensiones especial anterior a la Ley 100 de 1993 y, por tanto, no fueron obligadas a trasladarse a los fondos de pensiones.
Finalmente, el Contralor aseguró que “el modelo del Fonpet más que rentabilidad es de previsión de un pasivo pensional y, por tanto, su administración debe procurar las reservas necesarias para el pago de pensiones y promover la confianza del fondeo para el pasivo pensional, en un país donde los recursos comienzan a escasear, donde se apoya el pago de pensiones desde el Presupuesto General de la Nación y donde se han comenzado a demandar recursos del Fonpet, por ejemplo desde el Fondo del Magisterio”.
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