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AGRO

Recuperar el estatus sanitario como país libre de aftosa tomaría medio año

jueves, 1 de noviembre de 2018

Ya son cuatro los países que restringen el acceso a la carne local.

Juan Pablo Vega B.

El más reciente brote de fiebre aftosa sigue pasando factura al agro local y las autoridades corren contrarreloj para evitar y prevenir nuevos brotes, con el objetivo de lograr, lo más pronto posible, la recuperación del estatus sanitario como país libre de esta enfermedad, dado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

De acuerdo con las cuentas del Ministerio de Agricultura, este hecho podría tomar al menos seis en meses en darse desde el momento en que sea sacrificado el último animal que hasta ahora ha sido detectado con la enfermedad.

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, afirmó que para cumplir esta proyección se debe continuar con el trabajo de control dentro del país, especialmente en el departamento de César, donde está la situación más crítica. Además, se debe continuar el trabajo diplomático con los países que hoy tienen cerrado el acceso a la carne colombiana, que ya son cuatro: Rusia, Perú, Chile y Curazao.

Adicionalmente, el funcionario indicó que en estos mercados, que representan 30% de los países donde es recibido el producto local (14 en total), solo han cerrado el acceso a carne procesada, mientras que el acceso a ganado en pie sigue vigente. “Los mercados de carne son los que han sido cerrados, que es lo que tradicionalmente ocurre cuando se pierde el estatus. En ganado en pie, a la fecha, no hemos recibido notificación oficial de que se vayan a cerrar”, dijo Valencia. Esto ayuda a que el impacto en las exportaciones sea menor.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), con corte a agosto, las exportaciones de carne sumaron US$67,9 millones, con una tasa de crecimiento de 35,5%, cifra que según ha dicho el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia (Unaga), Ricardo Sánchez, se vería impactada hasta en 10% en el sacrificio asociado a las exportaciones, lo que frenaría la buena dinámica que trae el sector.

“Durante los próximos tres meses del año se reduciría un volumen equivalente a 30.000 cabezas que van a los mercados internacionales. Este hecho haría que los ingresos de los productores se vieran afectados también en ese 10%”, dijo.

Por lo pronto, las labores se han enfocado en demostrar que se están tomando las acciones necesarias, sobre todo con Rusia, que recoge 60% del total de las exportaciones de carne que hace el país. En particular, se hará un envío con documentos que den cuenta de las acciones que está tomando el Gobierno.

Parte de las labores desarrolladas por las autoridades tiene que ver con la captura de grupos delincuenciales que, desde Venezuela, ingresan al país animales sin ser debidamente identificados, para ser registrados posteriormente como nacionales. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Juan Carlos Buitrago, indicó que se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) con las autoridades sanitarias y policiales, y que dicha instalación “busca pasar a la integración permanente. Estará conectado con los 29 puestos a lo largo de la frontera con Venezuela”.

La intención con esta medida judicial es tener el control del tráfico de animales en la zona de frontera, origen del foco de aftosa que se está enfrentando en este momento, por lo que se revisarán los controles en varios de los cruces más críticos con el vecino país.

Funcionarios del ICA involucrados en contrabando

Este año se han desarticulado 33 estructuras dedicadas al contrabando, de las cuales seis corresponden al comercio ilegal de ganado. En la más reciente acción fueron capturados tres funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que, precisamente, tiene a su cargo el control de los brotes que se han evidenciado. De acuerdo con la Polfa, a estos funcionarios se les hicieron pruebas de polígrafo, entre otros procedimientos. Junto a ellos fueron detenidos cuatro ganaderos que ingresaban los bovinos con ayuda de indígenas Wayuu de Venezuela. De acuerdo con las cuentas del Ministerio, esta organización ilegal estaba introduciendo al país cerca de 350 cabezas ilegales al mes.

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