Recargos dominicales y trabajo en apps, algunas propuestas de la reforma laboral

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El Ministerio de Trabajo dio a conocer el borrador de la reforma laboral que se presentará ante el Congreso de la República el próximo 16 de marzo. Entre las propuestas de la Cartera se consideraron aspectos de estabilidad laboral, regulación de plataformas digitales, trabajo rural, equidad y disminución de brechas, sindicatos y huelgas.

El documento presentado por la Cartera consta de 75 artículos que se dividen en dos partes. La primera parte consiste en lo referente a las políticas para la estabilidad del trabajo. Entre estas se destacan los cambios en la terminación de un contrato indefinido sin justa causa. En ese caso, el trabajador tendrá el derecho a optar por ser reintegrado al cargo que desempeñaba o a otro de iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales causadas desde la desvinculación hasta que el reintegro se haga efectivo, o a una indemnización.

En el caso en que no quiera volver, recibiría una indemnización. Otro de los puntos de la reforma es el regreso de los recargos dominicales a un valor de 100% sobre el salario ordinario y de las jornadas nocturnas de 6:00 pm a 6:00 am. Esta propuesta genera polémica entre gremios como Fenalco, entidad que estima que estos cambios en la jornada pueden traer un aumento en el costo para los empleadores de hasta 35%.

Sobre esto, Karla Escobar, especialista en derecho laboral de CMM Abogados, manifestó que “estamos en un momento de la economía nacional difícil, con una inflación muy alta; y en ese sentido este cambio podría incrementar los costos a los empleadores”. Según la experta, esta medida podría ser contraproducente para la generación de empleo, pues aumentaría el costo de la nómina, lo cual, asegura, no contribuiría con la disminución de la informalidad. Por el contrario, Francisco Maltés, director de la CUT, argumenta que “siempre se han recortado derechos laborales asegurando que disminuir costos laborales aumentará el empleo, lo cual no se ha evidenciado”.

La regulación de las plataformas digitales fue uno de los pedidos de sindicatos que se materializó en el borrador de la reforma. Esta iniciativa consistiría en que los contratantes deberán verificar que los trabajadores catalogados como autónomos estén afiliados a la seguridad social, en sus subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales y cumplan con sus obligaciones de realizar aportes. De no hacerse esta verificación, las plataformas deberán asumir directamente el pago de 100% de los aportes como si fuesen empleadores.
Los trabajadores conocidos como domiciliarios o repartidores de pedidos tendrán calidad de dependiente en la modalidad de “tiempo parcial”.

Allí, las empresas empleadoras tendrán la obligación de informar al final de cada mes el número de horas laboradas, incluyendo el tiempo en que estuvieron conectados a disposición de la plataforma, de forma tal que estas puedan ser calculadas en función de días laborados y estos, a su vez, en el equivalente a semanas de cotización conforme a la norma respectiva.

El borrador también presenta un enfoque rural al pretender formalizar las actividades del agro. Se entiende que hay contrato de trabajo agropecuario cuando la persona trabajadora presta servicios para la ejecución de tareas propias de la actividad independientemente que las actividades prestadas sean permanentes, transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas.

El documento mantiene su enfoque de inclusión al establecer un apartado sobre garantías para los extranjeros. En este se establece que sin importar la nacionalidad o situación migratoria, los trabajadores extranjeros gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la constitución o la Ley.

En cuanto a otras medidas con enfoque de inclusión y genero, se destaca la formalización del trabajo doméstico mediante un contrato de trabajo escrito. De igual manera, se establecería una a licencia de paternidad que se proyecta que aumentará de manera progresiva hasta llegar a ser de 12 semanas en 2025. Se espera que sean cinco semanas intransferibles desde la vigencia del proyecto, que aumentarían a ocho en 2024 y a 12 en 2025.

Se destinó un apartado para tratar los temas de asociación sindical y negociación colectiva. Uno de los cambios que se plantea en este aspecto es el de la prohibición del contrato sindical para la prestación de servicios y ejecución de obras. Sobre esto, Javier Almanza, coordinador del área de derecho laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario, explicó que “contrato sindical es una figura del derecho laboral colectivo en donde uno o dos o más organizaciones sindicales firmar un contrato con el empleador o una empresa”. En ese sentido, Almanza afirmó que la finalidad de la organización no es generar contrato de prestación de servicios.

“La reforma va en ese sentido, encaminado a eliminar elementos distractores de la verdadera función de la organización sindical”, dijo. En el borrador también se considera el derecho de la huelga, donde se propone que esta no tendría un límite legal de duración. Sobre este planteamiento Almanza afirma que, aunque podría tener implicaciones en la productividad, fortalece el proceso de negociación entre trabajador y empleadores.