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Rojas aclaró que “el objetivo es canalizar la operación para bajar la sobreoferta. Lo que estamos haciendo es que se ponga en evidencia en el Runt las chatarrizaciones, ya que solo tenían un certificado del Ministerio y eso terminó siendo oscuro”.
El ministro consideró que como consecuencia de que algunos transportadores no cumplan correctamente con el “uno a uno” o con el pago de la póliza para permitir el ingreso de un nuevo vehículo, se generaron prácticas ilegales como duplicar las pólizas para ser usadas en hasta cuatro camiones, o que no se hiciera la correcta chatarrización de los camiones.
En ese sentido, Rojas concluyó que “eso empezó a generar que se desdibujara el programa y eso trajo una sobreoferta, con mas vehículos se reducían los fletes y el que más pierde es el pequeño transportador”, que debió asumir esos menores costos de transporte.
De igual forma, el ministro especificó que se ha cumplido con lo pactado en el pasado paro camionero, con lo que “nunca hemos dejado el diálogo permanente. Tal vez desde el paro de hace ocho meses hemos tenido más de 200 reuniones con los transportadores, empresas y gremios organizados y los otros transportadores, hemos tenido un diálogo permanente”.
Gremios desmienten intención de paro
Varios gremios del país han salido al paso del comunicado según el cual habría una nueva inmovilización por parte del sector transportador.
La CUT Boyacá aclaró que “ninguna organización de masas incluyendo a la Cruzada Camionera ha convocado públicamente paro para el 20 de febrero”.
“Tenemos conocimiento de que sólo un sector marginal sin consultar con las grandes organizaciones de Camioneros está respaldando esa convocatoria”, explicó el gremio en Boyacá, que pide que las acciones contra las medidas “antipopulares” del Gobierno, se hagan de manera ordenada.
“Llamamos a tener prudencia ante estas convocatorias, pues cualquiera desde un computador puede convocar a luchas con métodos extraños a las organizaciones representativas de los trabajadores o gremios sin ninguna seriedad”, completó la CUT en Boyacá.
El alto tribunal desestimó dos recursos de reposición y aclaración que alegaron incongruencias en el fallo de medida cautelar
La entidad estableció que las modificaciones definidas deberán ser aplicadas "de manera general y uniforme sobre las zonas objeto de ajuste"
Santander es el departamento que más está sintiendo el impacto de estos retrasos, pues se han registrado pérdidas de hasta $17.000 millones
