Procurador Alejandro Ordóñez sostiene el récord de sanciones impartidas a alcaldes y gobernadores

En los cuatro años que lleva como procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez ya tiene a cuestas un récord: ser el jefe del ministerio público que más ha sancionado a funcionarios, bien sea del Gobierno Nacional, de entes territoriales, mandatarios seccionales y locales, hasta congresistas.

La lista es larga y aunque no distingue entre alcaldes de grandes y pequeños municipios o entre un senador o un concejal, para algunos la ley que ha impartido Ordóñez, es la del miedo. Por ello, seguramente, pasará a la historia.

Sus ‘superpoderes’ reflejados en algunas decisiones, como la que deja, en primera instancia, a Bogotá sin alcalde o con la que destituyó e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, o aquella con la que sacó de la carrera política a la exsenadora Piedad Córdoba, han sido calificados por analistas constitucionales y políticos como una especie de jurisprudencia propia con un alto tinte político y de exceso de funciones. Lo que se le ha cuestionado al Procurador, polémico también por sus convicciones ideológicas y religiosas, es que tenga la facultad de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

En su primer período al frente del Ministerio Público, entre 2009 y 2013, Ordóñez sancionó a 828 alcaldes, 622 concejales, 49 gobernadores y a unos 23 congresistas. Sólo este año, según la misma Procuraduría, ha sancionado a 152 mandatarios locales, 87 ediles y a 10 gobernadores. Muchos de los incluidos en estas estadísticas fueron destituidos en ejercicio de sus funciones. Entre los casos más relevantes están el del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno; el alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas; dos gobernadores del Valle, uno de ellos fue Juan Carlos Abadía; y Gustavo Petro, quien tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición. En total, en ejercicio, Ordóñez ha sancionado a 18 gobernadores. El exmagistrado, José Gregorio Hernández, considera que las decisiones del Procurador no pueden estar por encima de la voluntad del pueblo “y la de hoy (ayer) es arbitraria y desproporcionada, porque no puede señalar como falta disciplinaria una decisión gerencial de Petro como alcalde, al determinar quién presta el servicio de aseo, si un público o un privado”.

Megadestituciones en dos semanas
Si se confirma la decisión en segunda instancia, Bogotá tendrá en dos años, dos alcaldes destituidos por el mismo Procurador, situación que deja a la capital de la República hundida en una crisis institucional. El exalcalde Samuel Moreno fue destituido en medio del escándalo del carrusel de la contratación y a Gustavo Petro, el lío de las basuras le sacó su propia cuenta de cobro. Y en esta quedó también involucrado el exgerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, a quien la procuraduría también lo destituyó. En esta lista de megadestituciones está la reciente que involucra al superintendente financiero, Gerardo Hernández, por el caso se Interbolsa.

El director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, señala que con la decisión de destituir al alcalde Petro, no ve un impacto claro desde el punto de vista económico. “Sin embargo, en lo personal me preocupa la sensación de que la Procuraduría está adquiriendo un poder omnímodo, que se ubica incluso por encima de la democracia. Estuve en desacuerdo con muchas decisiones de la administración Petro pero creo que fueron decisiones amparadas en una victoria electoral absolutamente legítima”.

José Gregorio Hernández
Exmagistrado
“El Procurador General está batiendo el récord de abuso de autoridad. El Procurador tiene un gran poder en el ámbito jurídico que se debe revisar”.