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El consorcio, a través de su apoderado común Jesús Enrique Escobar, expresó su rechazó al aplazamiento “injustificado” al considerar que vulneró los derechos del proponente.
La decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura “está violentando derechos fundamentales de este participante por cuanto, sin consideración o motivación alguna, la ANI aplaza la decisión definitiva de la adjudicación modificando los pliegos de condiciones que tenían dispuesta la fecha y hora en que la misma debía surtirse”, afirman en el texto del recurso presentado.
Además, señala el documento que la decisión “denota -por decir lo menos- falta de seguridad jurídica violentando la legítima confianza de los proponentes en este proceso”.
El apoderado solicitó a la ANI que se den a conocer las razones “precisas” que llevaron al aplazamiento "y se permita a este proponente el derecho de contradicción y defensa”, además pidió que “se revoque la decisión y se dé curso a la audiencia prevista”.
Finalmente, el consorcio advirtió que el aplazamiento afecta los costos financieros de la obtención de los créditos y de las garantías exigidas a los interesados.
La estructura plural está compuesta por la firma mexicana Controladora de Operaciones de Infraestructura, con una participación del 45%, los colombianos Carlos Alberto Solarte Solarte con 15%, CASS SA 15%, Estyma 10%, Alca Ingeniería 5% y Latinoamericana Construcciones 10%.
La adjudicación del proyecto vial estaba prevista para este miércoles, pero en último momento y según aseguró la ANI, “con el fin de hacer una última revisión a la evaluación del proyecto” se pospuso para el próximo martes 3 de junio, pero se pudo establecer que una tutela interpuesta frenó la adjudicación.
El proyecto prevé la construcción de dos puentes sobre el Río Magdalena, uno entre Girardot y Flandes (Tolima), y otro entre La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca). Además, contempla la construcción de 190 kilómetros de longitud total de vías y busca conectar los departamentos del centro-sur del país con el norte de Colombia.
La obra tiene un costo de $1 billón y el tiempo de construcción se estima en cuatro años.
Este yacimiento representa tres veces las reservas de gas que actualmente se tienen; el presidente de Petrobras afirmó que confía en la seguridad jurídica del sector gasífero
El gremio de los comerciantes se sumó al reclamo de la Andi, Fedesarrollo y Anif, los cuáles aseguran que la cifra no corresponde a la realidad económica