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El aumento del régimen contributivo para 2026 es de 9,03%, pero los gremios aseguran que es insuficiente y más cuando se enfrentan al incremento del mínimo
La crisis que se ha venido alertando en los últimos años en el sector salud no solo no desaparecería, sino que se agravaría durante 2026. Los gremios atribuyen esta situación, entre otros factores, a los bajos ajustes que ha hecho el Ministerio de Salud a la Unidad de Pago por Capitación, UPC, lo que se traduciría en un nuevo déficit que, por segundo año consecutivo, superaría los $10 billones.
Al cierre del año pasado, la cartera informó que la UPC tendría un incremento promedio de 12,5%. Sin embargo, los aumentos por régimen fueron diferenciados: 16,49% para el subsidiado y 9,03% para el contributivo. Esta última decisión generó descontento en el sector privado, que aclaró que, si bien se reduce la brecha entre ambos regímenes, el ajuste sigue siendo insuficiente, especialmente porque es en el contributivo donde se concentra la mayor parte del gasto en salud.
Por ejemplo, Ana María Vesga, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, quien había solicitado un aumento de 17,33%, aseguró que, al final, el ajuste aprobado implica un aumento real que apenas estaría entre 4% y 4,5%, una vez se descuenta la inflación que cerró 2025 en 5,10%.
“El incremento de 9% a la UPC del régimen contributivo es un aumento real de 4% o 5% sobre la base de inflación, no se explica el generoso aumento del mínimo, con el impacto sobre el sistema de salud”.
La UPC es el valor per cápita que la Adres reconoce a las EPS por cada afiliado para garantizar la atención en salud. En ese contexto, un aumento de 9,03% resulta insuficiente en un entorno en el que la inflación no cede al ritmo esperado -pues la de 2025 cerró solo 10 puntos básicos por debajo de la de 2024- y el salario mínimo aumentó más de 20%. Estas presiones elevan varios costos del sistema que no estarían siendo compensados por el valor fijado para este año, profundizando las dificultades financieras de las EPS y de la red hospitalaria.
Vesga agregó que los análisis para establecer la UPC no contemplaron el incremento del salario mínimo en 23%, aun cuando más de 40% del gasto del sistema de salud corresponde a nómina, y una parte significativa de esos trabajadores devenga el salario mínimo.
Es importante tener en cuenta que el régimen subsidiado cobija a las personas inscritas en el Sisbén y se financia con recursos públicos, mientras que el régimen contributivo agrupa a trabajadores dependientes e independientes y se nutre de las cotizaciones obligatorias. Estos recursos son administrados por la Adres, que los gira a las EPS con base en la UPC para garantizar la atención de sus afiliados.
El presidente del Colegio médico de abogados, Jesús Albrey González, coincidió en que la UPC continuará en déficit. “La alerta de los gremios está sustentada en el análisis de las cifras y el contexto del costo actual de las atenciones. Es necesario que la UPC crezca a la par del costo de las atenciones”.
También resaltó que fue un aspecto positivo intentar equiparar la UPC subsidiada a la contributiva, aun así, destacó que el incremento asignado al contributivo es insuficiente, al igual que Vesga coincide que es la que cuenta con el mayor costo de las atenciones.
En medio de las alertas que hacen, Albrey destacó que las afectaciones se verían en las atenciones de riesgo. “Es una afectación a redes de prestadores, yo creo que la cartera está creciendo en paralelo a todas las atenciones médicas”.
Ante la polémica que se generó por el aumento de la UPC, el Ministerio de Salud entregó algunas cifras que han registrado desde 2022 hasta la fecha. Informó que en este periodo el presupuesto de salud creció 51,4% en términos reales, lo que equivale a $25 billones adicionales y a 1,4 puntos del PIB, reveló que son cifras calculadas a precios constantes de 2025, es decir, descontando la inflación.
La cartera, también destacó que en los últimos cuatro años la UPC aumentó 30,4% en términos reales, lo que representa $22,9 billones adicionales para esta obligación, equivalentes a 1,3 puntos del PIB.
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