La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que tumbe un artículo de la Ley del presupuesto del Sistema General de Regalías que le da al Gobierno el poder de decidir qué proyectos se pueden hacer y cuáles no con esos recursos.
Esto, por considerar que se trata de una media inaceptable que va en contra del Sistema General de Regalías, que establece un poder de veto al Gobierno, que desconoce la autonomía de los entes territoriales y que constituye una intromisión indebida a la administración y destinación de los recursos del Sistema.
Se trata del artículo 31 de la Ley 1606 de 2012 que indica que los proyectos susceptibles de ser financiados deben “contar con el voto positivo del Gobierno Nacional” y que fue demandada por el senador Juan Lozano.
De acuerdo con la Procuraduría, en el Acto Legislativo 5 de 2011 que creó el Sistema General, se determinó que las decisiones sobre los recursos de los Fondos de Desarrollo y de Compensación Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación se toman mediante ejercicios de concertación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales a través de órganos colegiados de administración.
En consecuencia, para el Ministerio Público, “resulta inaceptable y repugna al espíritu del Sistema General de Regalías que por vía legal se pretenda imponer la obligación de contar con el voto positivo del Gobierno Nacional para la aprobación y designación de la entidad pública ejecutora de los proyectos de inversión”.
Para la entidad, la obligación del voto además “constituye un poder unilateral de veto o de imposición de la voluntad del Gobierno Nacional sobre la destinación regional de los recursos de las regalías, lo cual, por contera, desconoce la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias”.
En concepto entregado a la Corte, el Ministerio Público además consideró que la norma es una intromisión indebida en la administración y destinación de los recursos del Sistema General de Regalías que puede terminar respondiendo más a intereses impulsados por la política nacional”.
La norma fue demandada por Lozano quien argumentó que en realidad se trata de un veto del Gobierno que no es sólo contrario a la descentralización sino que vulnera la autonomía de las regiones.
“Despojar a las entidades territoriales del derecho a participar, en pie de igualdad con el Gobierno Nacional en la construcción de un acuerdo, es manifiestamente inconstitucional. En síntesis se les quita un derecho a las entidades territoriales y se les impone un yugo”, dice Lozano en su demanda.
La demanda que cursa en la Corte está en manos del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
