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El Ministerio de Minas solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una inspección a EPM para evaluar su gestión y cumplimiento normativo.
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A través de su cuenta en X, el mandatario no solo rechazó la medida, sino que también pidió una investigación disciplinaria contra quienes la aprobaron
El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y Empresas Públicas de Medellín, EPM, sumó un nuevo capítulo con la reacción del presidente Gustavo Petro al embargo de cuentas estatales ordenado por un juzgado en Bogotá.
A través de su cuenta en X, el mandatario no solo rechazó la medida, sino que también pidió una investigación disciplinaria contra quienes la aprobaron. “Los recursos de la nación son inembargables por ley. Debe haber investigación disciplinaria solicitada a las autoridades competentes sobre quienes están rompiendo la ley”, escribió el jefe de Estado.
La decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, que obliga al Ejecutivo a cumplir con sus compromisos financieros con EPM, ha sido celebrada por la Alcaldía de Medellín, mientras que el Gobierno insiste en que es jurídicamente inviable.
El alcalde defendió el fallo y acusó a la administración Petro de usar los recursos públicos con un enfoque político, afectando a las regiones y a empresas tanto privadas como estatales. “Esto no es un arma política. Arma política la que él está haciendo en contra de las ciudades, en contra de las regiones, en contra de las empresas, tanto públicas como privadas, al no pagar esos recursos a los cuales está obligado”, afirmó Gutiérrez.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reforzó la postura gubernamental al señalar que el fallo judicial tiene un trasfondo electoral y que la inembargabilidad de los fondos públicos es un argumento suficiente para impugnar la medida. Como parte de su respuesta, el Ministerio de Minas solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una inspección a EPM para evaluar su gestión y cumplimiento normativo.
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