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Según la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), las pérdidas se estiman en $87.165 millones a la fecha, por concepto de fletes, peajes, consumo de combustible, actividades conexas como servicios en montallantas, parqueaderos, mano de obra, restaurantes, hospedajes, entre otros.
Y es que la manifestación se ha desarrollado a través de la suspensión de actividades, concentraciones y caravanas principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Nariño, Casanare y Arauca. En Valle, Risaralda y Putumayo, también se han realizado actividades esporádicas. Las concentraciones se han llevado a cabo con una participación total de, aproximadamente, 120 vehículos de carga en promedio, según el reporte del gremio.
Ante la situación, las empresas transportadoras solicitaron garantías para despachar los camiones. “Es urgente y necesario programar caravanas de tractocamiones custodiados por la fuerza pública para garantizar el servicio a la costa y Buenaventura”, afirmó Jairo Herrera, presidente de Asecarga.
Mientras la protesta avanza, para este lunes se tenía prevista una nueva mesa de diálogo de los transportadores con el Gobierno Nacional. Sin embargo, voceros de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), informaron que el comité “decidió no asistir para estar fortaleciendo las diferentes regiones”.
“Solicitamos aplazar la reunión para mañana o el miércoles. La solicitud para aplazar la reunión se realizó a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo”, explicaron.
De esta manera, se espera que se confirme la nueva fecha y hora de la reunión entre las partes para buscar soluciones a las peticiones del sector y así conjurar la movilización.
El Ministerio advirtió que la ausencia del gremio “priva de interlocución a los tenderos y pequeños comerciantes” en una discusión decisiva para su actividad económica
El departamento logró una calificación con 70,9 puntos, mientras que 26 departamentos (81,3%) se ubicaron en el rango de “riesgo”
Petro dijo que el presupuesto también aumenta porque el Gobierno debe destinar una gran cantidad de dinero, cerca de $70 billones al Fepc