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Se espera que la subestación entre en 100% en noviembre de este año, “ya que los cálculos indican que para esta fecha la demanda va requerir un mayor canal de suministro”, dijo Jorge Londoño, gerente de EPM.
Ahora, el proyecto requiere mayor agilidad por parte de la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y de las autoridades judiciales regionales para que antes de julio terminen de tramitar los cambios en la licencia ambiental y se finalice la liberación de los predios con los que no se logró negociación, ya que de no darse esto, es muy posible que el proyecto sufra nuevos atrasos.
Lo más grave, según los expertos, es que en dado caso de que se de un daño en las otras subestaciones que alimentan a la zona habría problemas de desabastecimiento. Según explicó el director de la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética), Jorge Valencia, “el atraso nos llevó a utilizar tecnología transitoria que permitió llegar a esta fecha sin ninguna dificultad, pero igual, son medidas provisionales”.
De igual manera, Valencia agregó que “si no entran las dos líneas asociadas a la central que faltan aumenta el riesgo para la zona y hay un punto donde no se lograría aumentar la capacidad de entrada de energía. Esto tocaría atenderlo con generación al interior del área, pero que es más costosa. Además, puede que temporalmente las otras subestaciones sigan entregando sin problema, pero hay que tener en cuenta que el sistema no puede estar en alto riesgo de que haya un daño y se quede sin suministro la región”.
Hoy son 101 predios en proceso de imposición de servidumbre.
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