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Durante la formalización del pacto de Estambul, el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EaaB), Diego Bravo, aseguró que no se aprobarían las licencias ambientales para la construcción de la represa de Chingaza II.
En cambio de eso, propuso la protección del corredor Chingaza-Sumapaz-Guerrero. De acuerdo con el funcionario, es una propuesta integral de gestión ambiental para proteger y conservar más de 600 mil hectáreas entre los páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero, territorios que sirven como fuente de suministro de agua potable para más de 10 millones de colombianos y donde habita una gran variedad de flora y fauna. Adicionalmente el estudio presenta los resultados del diseño de un programa de desarrollo limpio forestal, que busca mitigar el cambio climático, mediante el aumento de la captura de carbono. Respecto a las áreas protegidas actualmente declaradas, se adelantó la evaluación de su estado actual de gestión y se propusieron los lineamientos para aumentar la efectividad de su manejo.
Del pacto, aseguró que implica 'el acceso al agua de calidad y al saneamiento como un derecho básico para todos los seres humanos. El agua desempeña un papel esencial para la vida, para la preservación de la salud pública y para la lucha contra la pobreza'. Y aseguró Bogotá ya avanzó en ello con la implementación del Mínimo Vital, que otorga de forma gratuita 6 m3 de agua potable a más de 3 millones de personas de estratos 1, 2 y 3.
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