MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Cerca de $1,5 billones es el monto en el que ha crecido la deuda de Air-e, tras la intervención, advierten desde Andesco.
Agregue a sus temas de interés
Revisión del cargo por confiabilidad, reglas de juego claras y poner la lupa sobre la empresa Air-e son algunas de las propuestas para la nueva ley de tarifas
El Ministerio de Minas y Energía aplazó la radicación del proyecto de ley para reducir las tarifas de energía, que pretende promover una "mayor equidad y justicia" en los costos del servicio, es decir, reducir los precios de las facturas, además de eliminar los cargos adicionales a los usuarios.
Según el titular de la cartera energética, Edwin Palma, la radicación del proyecto se aplazó hasta finales de agosto, porque se le dará prioridad a un debate previo con los actores de la cadena. Señaló que es necesario un proceso de deliberación más amplio y la construcción de consensos para concretar la propuesta y que surta su trámite lo más rápido posible en el congreso.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el cargo por confiabilidad. Palma explicó que se plantea abrir una discusión sobre este mecanismo, y a la vez, fomentar la contratación de bloques de energía a largo plazo. También mencionaron otras medidas, tales como el ajuste en el componente de comercialización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, lo que, según él, contribuiría a la reducción de las tarifas.
Pero los gremios del sector energético, especialmente los que están vinculados al segmento eléctrico, el nuevo proyecto presenta varios inconvenientes, y uno de los puntos cruciales, coincidiendo con lo señalado por el ministro, es la capacidad de construcción de consenso en el sector.
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, expresó que es difícil que esta ley se tramite en el Congreso, dado que el Gobierno se encuentra en su último año. Asimismo, advirtió que se debe tener especial cuidado con las modificaciones al cargo por confiabilidad y con los cambios propuestos al interior de un organismo vital para el sector, como lo es la Creg.
Para el dirigente gremial, no debería expedirse una ley, sino realizarse una revisión de las tarifas directamente en la Creg. Señaló que dentro del sistema energético existe un eslabón de la cadena que está afectando a los demás, y que este corresponde a Air-e, la empresa de servicios públicos del Caribe.
“La nueva ley de reducción de tarifas será difícil de tramitar en el último año de Gobierno. Esta iniciativa no reducirá los precios y tampoco aborda los problemas estructurales al interior del sector”.
Según Sánchez, la iniciativa del Ministerio de Minas para reducir las tarifas no aborda los problemas estructurales del sector ni las deudas de Air-e, las cuales, afirmó, han aumentado en aproximadamente $1,5 billones desde que la compañía fue intervenida.
Agregó que reducir las tarifas mediante una ley en el Congreso también podría generar un perjuicio financiero a todo el sistema energético.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, aseguró que la ley incluye aspectos económicos relacionados con la sostenibilidad del sector.
Añadió que deberían definirse criterios sobre las inversiones, las condiciones de calidad y los niveles de pérdidas, así como la remuneración aplicable cuando se cumplan las metas. También subrayó la necesidad de que existan señales económicas claras y una regulación concreta que establezca reglas de juego precisas.
“La participación de los usuarios en las decisiones debería ser directa e iniciarse con la obligación plena y sin costo de la inclusión de un representante de los usuarios a nivel de los comités de asesoría establecidos por la Creg, los concejos de operación, y a las comisiones de seguimiento del sector. Así mismo debe ser clara la prioridad de atención a los usuarios del operador del mercado, XM, de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Upme, y de la Creg”, recalcó la dirigente gremial.
Sin embargo, Fonseca manifestó que comprende el propósito de la ley y considera necesario contar con un plan de política pública que integre los aspectos esenciales de la ley de servicios públicos.
Expresó su expectativa de que en dicho plan se incluyan parámetros que beneficien al usuario final, pero que también respondan a las directrices en temas de interés que han quedado relegados para algunos actores del sector. Agregó que, con reglas claras y bien definidas, el impacto final podría ser efectivo para los usuarios.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, señaló que, aunque el Ministerio de Minas busca separar en la factura de energía el cobro de tasas e impuestos ajenos al servicio, mejorar la focalización de subsidios y optimizar los recursos fiscales, la medida que debería revisarse para su eliminación es la opción tarifaria, la cual, según el gremio, tiene un carácter regresivo y es desigual.
El gremio energético también resaltó la importancia de revisar el fondo de eliminación de los subsidios por consumo, ya que, podría afectar de manera injusta a hogares vulnerables cuyo consumo elevado responde a necesidades reales.
En ese sentido, la agremiación le pidió al Gobierno que la propuesta se evalúe con base en diagnósticos precisos y reales, participación informada, y con respeto a la institucionalidad, en concordancia con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994.
El mecanismo, que consta de tres pilares, pretende disminuir las distorsiones tributarias, mejorar la inversión y reducir la pobreza de personas vulnerables
La administración Petro ha invertido más de $4,4 billones en la adquisición de predios. La meta inicial era cumplir con los tres millones pactados en el Acuerdo de Paz
Solo Nueva EPS la cartera total pasó de $160.067 millones en 2022 a $576.000 millones en 2025, un incremento de 259,8%, y la cartera vencida de $116.452 millones a $439.000 millones
