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Germán Ávila, ministro de Hacienda
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Señalaron que el sistema de salud necesita $3,3 billones mientras que están atrasados $5,1 billones de subsidios a energía y gas
A propósito del decreto de emergencia económica y la posibilidad de que la Corte Constitucional lo tumbe, el Ministerio de Hacienda envió una carta al magistrado, Carlos Camargo, en la que expuso los motivos por los cuales no debería caerse.
En la misiva, la cartera económica señaló que introducir "la suspensión provisional supondría una modificación sustancial del alcance del control constitucional, adoptada sin respaldo normativo expreso y sin procedimiento que permita la contradicción y el ejercicio del derecho de defensa".
El Ministerio de Hacienda recordó que el decreto de emergencia económica tendría al menos ocho hechos sobrevinientes para llevarse a cabo.
Entre ellos, la equiparación de la UPC del régimen contributivo y subsidiado del sistema de salud, la seguridad y el orden público, el hundimiento de dos reformas tributarias, cumplimiento de obligaciones contractuales como subsidios y restricciones asociadas a la regla fiscal.
Sobre el primer asunto, apuntaron que la nivelación de los pagos por paciente al sistema de salud generó una necesidad de financiación adicional de $3,3 billones que no estaban previstos en el Presupuesto General de 2026.
"De no contar con tales recursos, se afectarían cerca de 23 millones de personas pobres y vulnerables, que dejarían de recibir más y mejores servicios de salud, con mayor oportunidad, afectando las tasas de morbilidad y mortalidad de esta población vulnerable, creándose una condición que atentaría con el derecho fundamental autónomo de la salud", apuntó el Ministerio.
En cuanto a la seguridad y orden público, expresaron que el Ministerio de Defensa Nacional requiere $2,7 billones para fortalecer la lucha contra los grupos al margen de la ley en departamentos como Norte de Santander y Cauca. Agregaron que la Unidad Nacional de Protección necesita $1 billón más, pues al ser un año electoral, deben garantizar la seguridad de los candidatos a elecciones legislativas y presidenciales.
Sobre el hundimiento de dos proyectos de reforma tributaria para las vigencias 2025 y 2026, la cartera económica reiteró que se agregó un componente de imprevisibilidad (particularmente para el PGN de 2026), pues el monto aprobado por el Congreso estaba sujeto a que la reforma de $16,3 billones tuviera luz verde en el legislativo.
"Esta ruptura no solo eliminó de manera abrupta recursos por $16,3 billones, sino que alteró de forma súbita el marco de planeación fiscal sobre el cual se habían estructurado las decisiones presupuestales del Gobierno, intensificando el desbalance estructural entre ingresos y gastos inflexibles", apuntaron.
Del lado de las obligaciones contractuales, el Ministerio de Hacienda incluyó gastos como los subsidios al servicio de energía eléctrica y a los combustibles como causales de la necesidad de financiación. Del lado de la energía, detallaron que quedaron atrasados $5,1 billones por concepto de subsidios, de los cuales $4,18 billones corresponden a energía eléctrica y $935.000 millones a gas combustible.
"El no pago oportuno de los subsidios puede generar riesgos sistémicos, tales como la cancelación masiva de contratos de suministro, el aumento de la exposición a compras en bolsa con tarifas más altas, el deterioro de la red eléctrica, mayores pérdidas técnicas y no técnicas y una caída en el recaudo, configurando un escenario de crisis social asociada a la eventual interrupción de un servicio público esencial", concluyeron.
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