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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda
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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aseguró que la idea es que poblaciones marginadas tengan acceso a condiciones de mantenimiento, quiere decir ayudas educativas, en vivienda y transporte
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el Gobierno Nacional va a desarrollar programas que permitan asignar apoyos para el sostenimiento de los estudiantes de universidades públicas e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias.
La ley 2307, sancionada por el presidente Gustavo Petro, fortalece la gratuidad en las universidades públicas y tiene el objetivo de eliminar las barreras de acceso a la educación superior y los recursos para materializar esta política serán garantizados en el Presupuesto General de la Nación, según la cartera de Hacienda.
"La Ley tiene dos elementos diferenciadores respecto a lo que venía de gobiernos anteriores. La primera: hay una extensión de la gratuidad en matrícula que se dirige no solo a las universidades públicas sino a las instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas. La segunda es que el problema real de los estudiantes en las universidades públicas no es el valor de la matrícula sino cómo mantenerse para que no deserten".
El jefe de la cartera aclaró que lo que se está construyendo "es un programa que contribuya con poblaciones marginadas excluidas y en condición de vulnerabilidad para que tengan acceso a condiciones de mantenimiento, quiere decir ayudas educativas, en vivienda y transporte".
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública”, se lee en la Ley.
Los recursos con los cuáles será financiado el rubro educativo serán dispuestos desde el Presupuesto General de la Nación. La Ley, además, explica que las instituciones de educación superior públicas son todas aquellas de tipo técnico, tecnológico y universitario.
Según dicta la Ley, la Cartera educativa tiene un plazo no superior a seis meses para la reglamentación de la gratuidad en todas las instituciones oficiales a partir de la expedición.
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