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Ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez.
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Ministerio de Ambiente informó que la decisión del Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería deberá ser evaluada por el superior funcional
El pasado 6 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Montería, dictó medidas contra la ministra de ambiente encargada Irene Vélez por el incumplimiento de un fallo de tutela que le solicitaba entregar información sobre convenios suscritos del Ministerio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, en relación con la Mojana.
Dicha información había sido solicitada por el abogado Manuel Navarro el pasado 7 de julio de 2025, y hasta el momento, según lo narrado por el demandante, el Ministerio de Ambiente no había respondido a su solicitud, a pesar de que el fallo de tutela del 29 de agosto de 2025 había resuelto que en protección del derecho fundamental de petición se le entregara la información requerida al demandante, algo que no fue atacado.
Tras los hechos, finalmente el Juzgado decidió fallar en contra de Vélez ordenando su arresto por cinco días y el pago de cinco salarios mínimos, algo más de $7 millones; sin embargo, esta decisión será efectiva cuando sea confirmada por el Tribunal Superior de Montería, como lo menciona el fallo y fue aclarado por el Ministerio de Ambiente.
"Conforme al Decreto 2591 de 1991, la sanción se encuentra en grado jurisdiccional de consulta, lo que significa que no está en firme y deberá ser evaluada por el superior funcional. En dicha revisión se verificará la existencia del cumplimiento y la proporcionalidad de la medida, elementos que permiten prever que la sanción sea revocada", anotó el Ministerio en un comunicado.
En la misma el Ministerio aseguró que sí se había dado cumplimiento a lo resuelto por el fallo de la acción de tutela. "El Ministerio ya había remitido la respuesta al ciudadano de manera completa y enviado al juzgado los soportes y certificaciones de envío correspondientes al día en que se notificó la decisión que impone la sanción", explicó.
Teniendo en cuenta las hechos, MinAmbiente indicó que esperan que la sanción sea revocada por el Tribunal Superior, añadiendo que "la entidad reafirma que continuará atendiendo de manera rigurosa, diligente y transparente las solicitudes de la ciudadanía y las órdenes de la jurisdicción constitucional, en el marco de los principios de buena fe, lealtad procesal y garantía plena de derechos".
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