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Irene Vélez, ministra de ambiente y directora de la Anla
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El Ministerio convocó para el 3 de octubre la instalación de una mesa técnica y solicitó a la CAR una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo
El Ministerio de Ambiente solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, asegurar un proceso transparente y ajustado a la normativa vigente en el trámite de concesión de agua solicitado por la empresa Coca-Cola en el municipio de La Calera.
El tema ha despertado inquietud entre la ciudadanía y motivado un seguimiento activo por parte de las comunidades locales.
De acuerdo con la legislación ambiental, la responsabilidad de otorgar, revisar o prorrogar este tipo de permisos recae exclusivamente en la CAR. Sin embargo, el Ministerio enfatizó que la normativa prioriza el acceso humano al agua sobre cualquier otro uso, recordando lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, que limita la prórroga de concesiones al último año de vigencia y siempre bajo el principio de garantizar el consumo colectivo.
En este contexto, se advirtió que, tras cuatro décadas de explotación del recurso hídrico, cualquier decisión sobre la continuidad del permiso debe estar sustentada en un análisis técnico detallado que considere el historial de la concesión, posibles sanciones, impactos asociados al cambio climático y las inquietudes expresadas en los espacios de participación ciudadana.
El Ministerio convocó para el 3 de octubre la instalación de una mesa técnica y solicitó a la CAR una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo. En este encuentro se deberá informar sobre el estado del trámite, la viabilidad de iniciar un nuevo proceso de concesión en lugar de una prórroga automática, la inclusión de las observaciones ciudadanas y los soportes técnicos y jurídicos que acompañan la decisión.
Según la cartera ambiental, el objetivo es que cada determinación sobre el recurso hídrico esté fundamentada en criterios científicos, el principio de precaución y la garantía del derecho humano al agua.
El recorte se suma a los $12 billones inicialmente definidos en el Decreto de Aplazamiento, pero, según la cartera, no tiene que ver con la ley de financiamiento
La última vez que se registró un nivel similar fue en octubre de 2017, cuando el número de ninis se ubicó en 2,28 millones. Los analistas dicen que el número no es necesariamente positivo
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