Aunque existe gran malestar entre el sector agropecuario, que anuncia para los próximos días nuevos paros y movilizaciones, el Gobierno sostiene que esas protestas no se justifican porque las ayudas al campo sí se han dado.
La situación es tensa: los cafeteros, a pesar de que cuentan con $900.000 millones en subsidios estatales, proyectan un paro similar al de marzo pasado, ya que ese dinero no les ha llegado. Ni decir del conflicto campesino que se vive en la zona del Catatumbo, que ya completa 30 días.
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan Heredia, sostiene que con bloqueos y paros no se soluciona nada, tras reconocer que el sector sí enfrenta dificultades.
¿Ministro, qué explica el descontento de arroceros, cafeteros, paperos, paneleros y lecheros frente a las políticas del Gobierno como para anunciar otro paro el próximo 19 de agosto?
El Gobierno siempre ha sido respetuoso de la protesta, porque reconoce que hay algunos sectores que tienen dificultades. Y aquí cabe dejar constancia de que el Gobierno siempre ha buscado todos los mecanismos posibles para entregar ayudas y solucionar los problemas que se les vienen presentando.
Los cafeteros dicen que el Gobierno les incumplió...
Uno de los sectores más beneficiados, y que mayores ayudas ha recibido respecto a los gobiernos anteriores, ha sido el cafetero. Esos apoyos han sido a través de diferentes mecanismos y diferentes instrumentos, y uno de ellos ha sido el Programa de Protección al Ingreso Cafetero, PIC, que recibió apropiaciones del Presupuesto General de la Nación por más de $830.000 millones, y nuestro estimativo es que esa ayudas podrían superar los $900.000 millones. Este primer paquete se ha venido ejecutando, tal como se acordó en marzo pasado, es decir, que cada productor recibiría entre $145.000 y $165.000 dependiendo del precio por carga del grano. Hoy, se han hecho pagos efectivos por más de $430.000 millones;el 96% de las facturas presentadas se han pagado.
¿Entonces, por qué el movimiento Dignidad Cafetera dice lo contrario?
No nos hemos quedado cruzados de brazos. A los cafeteros el Gobierno les ha pagado dos millones 200 mil facturas, cobijando a más de 330.000 caficultores. Sin embargo, existen algunos caficultores a quienes no les ha llegado el apoyo porque sencillamente, en la mayoría de los casos, sus cosechas no se han recogido. Eso ocurre principalmente en algunos departamentos del país, e incluso de la llamada región cafetera donde aún no recogen la cosecha. Con el trascurrir de los meses, y a medida que salgan las cosechas, en esa misma proporción se harán los pagos.
Muchos productores están endeudados y dicen que tampoco hay muchas ayudas para refinanciar sus créditos...
Otro de los compromisos con los cafeteros fue precisamente la reestructuración de créditos, y en esa medida tal proceso se ha venido cumpliendo. El Banco Agrario ha hecho más de 100 brigadas por todo el país para explicar en qué consiste la refinanciación de esas deudas. Prueba de ello es que la cartera vencida del sector caficultor no ha tenido un comportamiento alto. A la fecha los cafeteros le deben a la banca pública un billón de pesos, y en total adeudan un billón 300 mil millones de pesos en todo el sistema financiero.
¿Será que ese inconformismo es porque no creen en la dirigencia cafetera?
Puede existir un malestar o inconformismo como usted dice sobre ese tema, pero no es un motivo ni una explicación justificada para efectuar bloqueos, movilizaciones o llamados a paros generales. Nosotros somos respetuosos de las protestas y estamos abiertos a seguir dialogando con todos los sectores agropecuarios. En la última reunión de los garantes del acuerdo, y a la cual asistió el Vicepresidente de la República, se presentó un informe sobre la forma como se han venido cumpliendo esos compromisos.
Si el Gobierno está cumpliendo, ¿por qué le ha sido difícil desactivar 'esa bomba' agrícola, y no se ha reconocido que el sector está en crisis?
El Gobierno reconoce que existen dificultades. Y sobre todo por la caída de los precios de los 'commoditties' (productos básicos y materias primas), más el efecto de los inviernos pasados. Por supuesto que eso ha causado un descenso en los ingresos de las familias que dependen de la actividad agropecuaria. Por eso, hemos formalizado acuerdos con varios sectores para proporcionarles ayudas, y uno de ellos ha sido el de los productores de papa. Ese acuerdo, que consiste en apoyos por $40.000 millones, se viene implementando. A los arroceros se les ha garantizado la compra en su totalidad de su cosecha en virtud de un acuerdo entre productores e industriales. A los cacaoteros se les vienen otorgando ayudas de $800 mil por tonelada debido a los bajos precios, y producto de eso, dijeron que no participarán en ningún paro. Con los bananeros de Urabá me reuní, dijeron que tenían dificultades —por la tasa de cambio— pero no irían de ninguna manera a un paro, porque no es la manera de solucionar sus problemas. Se trata de medidas totalmente injustificadas el llegar a esas vías de hecho.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, ha sido muy critica en esta coyuntura, tanto que sostiene que el índice de precios de 1,73 % en el primer semestre refleja que el sector enfrenta un estancamiento. ¿Qué responde?
Creo que no hay un estancamiento. El sector viene creciendo en medio de las dificultades y se está recuperando, luego de registrar tasas de crecimiento negativas en 2009 y 2010. Durante el gobierno del presidente Santos el agro ha repuntado —aunque no a tasas superiores al promedio de la economía, como esperábamos— y parte de ello obedece a los apoyos y esfuerzos desde el punto de vista fiscal que se han entregado a los diferentes subsectores.
Las protestas de la región del Catatumbo ya llevan un poco más de 30 días. Se alega que en la región hay mucha pobreza por la desatención del Gobierno. ¿Qué explica ese levantamiento campesino?
No se puede llegar a situaciones como las que usted comenta y referentes a las del Catatumbo. Allá el Gobierno ha ofrecido un programa de alto contenido social que comprende inversiones en diferentes sectores como el agropecuario, en infraestructura, lo mismo que en vías departamentales y hasta para carreteras terciarias. En lo social el Gobierno se ha comprometido con programas para la compra de tierras en beneficio de muchas familias, más el acompañamiento en proyectos productivos para que erradiquen cultivos ilícitos. Son temas que viene evaluando la mesa de diálogo del Gobierno con los campesinos y las juntas de acción comunal del Catatumbo.
¿Por qué esa protesta se ha prolongado tanto?
El Gobierno mantiene su disposición al diálogo para escuchar a los promotores de estas protestas. Lo importante es trabajar en soluciones que le convengan a la sociedad, no generando bloqueos ni más pérdidas a la economía. En el Catatumbo esa protesta ha dejado pérdidas muy importantes a los campesinos, y ello podría repetirse con los paros que se han anunciado, precisamente en una época donde se estarán recogiendo cosechas como la de arroz.
Colombia le apostó de lleno a los Tratados de Libre Comercio, TLC, pero hay un temor generalizado del agro frente a esos acuerdos. ¿Cuál es la realidad de esa amenaza?
El sector lechero es uno de los que puede resultar más afectado. Sin embargo, estamos adoptando algunas medidas y no nos hemos quedado cruzados de brazos para enfrentar esta situación. A partir de agosto vamos a comenzar a exportar leche en polvo y sus derivados a México, un mercado que es importante y al cual vamos a tener acceso. En segundo lugar, venimos coordinando con el Invima una revisión de todas las plantas donde se procesan las materias primas de la leche importada de otros países para conocer si cumplen con las normas de calidad exigidas para competir en el mercado local. Igualmente, vamos a desarrollar un programa para aumentar la compra interna de leche dentro de un convenio con el Instituto de Bienestar Familiar y la Bolsa Mercantil, para poder adquirir cerca de $20.000 millones de ese alimento, de tal manera que la oferta de leche se pueda acompañarse de una demanda que garantice cierta estabilidad en los precios.
¿Si existe preparación del campesino pequeño para enfrentar los TLC?
Somos conscientes de que los TLC tienen unos costos altos en el corto plazo, aunque los beneficios se verán en el mediano y en el largo plazo.
¿Por qué ha sido tan complicado ejecutar el programa de restitución de tierras que los grupos armados les arrebataron a los campesinos?
El programa viene generando unos resultados en la medida en que se vienen produciendo los fallos por parte de los respectivos jueces. Resalto el apoyo que ha tenido el programa por parte del Consejo Superior de la Judicatura para restituirle las tierras a sus verdaderos propietarios y de las que fueron despojados por actores violentos. Se han restituido hasta el momento 13.000 hectáreas.
LEY PARA LAS TIERRAS BALDÍAS
¿Cómo blindar esas tierras para evitar que sigan en el olvido y se apoderen de ellas?
Se va a tramitar un proyecto de ley sobre baldíos ante el Congreso para aclarar la normatividad jurídica en torno a la adjudicación de esas tierras a raíz de los fallos de la Corte Constitucional y los conceptos del Consejo de Estado. De tal manera, que la inversión privada y extranjera llegue al país de acuerdo a las necesidades.
¿Es decir, que se taponarán esos vacíos?
El proyecto hace claridad sobre la fecha en que debe ser aplicada la Ley 160 de 1994 en la cual se prohibe la acumulación de extensiones de tierras cuando se haya originado en la adjudicación de baldíos. En el pasado se adjudicaron hasta 1.000 hectáreas a pequeños campesinos que no pudieron explotarlas y por ello acudieron a su venta casi inmediata. Eso es lo que queremos corregir.
¿Cuáles van a ser esos futuros desarrollos?
Se van a crear las zonas de desarrollo empresarial. Es decir, que las unidades agrícolas familiares no pueden ser las mismas en todo el territorio colombiano.
