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Concejo distrital votará la autorización de vigencias futuras.
Los tiempos para dejar listos los procesos administrativos necesarios para el metro de Bogotá siguen apretados y con poco margen. Solo quedan 11 días para que se pueda firmar el convenio interadministrativo entre la Nación y el Distrito.
El margen de maniobra es corto, si se tiene en cuenta que hoy el Concejo de Bogotá votará el proyecto para autorizar las vigencias futuras de la Administración Distrital por $6,08 billones, que sumados a los $1,1 billones apropiados desde el presupuesto de la ciudad, representan el aporte que deberá hacer el Distrito a este proyecto, 30% del total de la obra con troncales.
De acuerdo con el proyecto de decreto que permitirá las vigencias, la ciudad se comprometerá por 23 años con estos recursos (entre las vigencias 2018 y 2041), que irán desde los $490.685 millones en el primer año, hasta los $209.141 millones en el último año, y será obligación de la Secretaría de Hacienda incluir los montos en los presupuestos de las vigencias.
Así, el convenio entre la Nación y el Distrito se lograría antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el 11 de noviembre. Darle trámite a esta serie de requisitos, como destacó Francisco Suárez, socio de Infraestructura Legal, es fundamental, porque “aunque exista prisa por el cumplimiento de estos requisitos que son estrictamente formales, no debe perderse de vista que se deben estructurar los estudios y diseños de la forma más responsable posible”.
Dentro de la Plenaria del Concejo, así como en la Comisión de Hacienda (la cual ya votó favorablemente las vigencias) es positivo el proceso, si se tiene en cuenta que las ponencias, como la del concejal de Cambio Radical, Yesid Vega, destacan que hay “coherencia del proyecto con el plan de desarrollo urbano, cumple con los requisitos de proyectos de infraestructura con el Plan Nacional de Desarrollo”, así como con los 10 puntos del Conpes.
Los requisitos quedaron establecidos con la declaratoria de importancia estratégica por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), en el cual el Gobierno Nacional garantizó un aporte de $15,1 billones para la totalidad de la obra, es decir, 70% del proyecto, contando las cinco troncales de Transmilenio que se sumarán a la primera línea y las otras obras complementarias.
Como destacó Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), luego de la aprobación de las vigencias futuras para la cofinanciación por parte del Distrito, “estaríamos firmando el convenio de cofinanciación, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”, con lo que por tarde, al comienzo de 2018, se abriría la licitación.
De votarse positivamente el proyecto que autoriza las vigencias futuras, tal como lo espera la Administración Distrital, se daría vía libre a la firma del convenio, dejando libre el camino para la apertura de la licitación.
Como destacó Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, “se trata del último requisito para firmar el convenio con la Nación, cuyo plazo vence el 11 de noviembre”.
La discusión en torno a los estudios técnicos
Una de las mayores objeciones en torno a la mayor obra de infraestructura que vería el país en los próximos años tiene que ver con los estudios. Aunque las ponencias del Concejo aseguran que “los estudios están en nivel de factibilidad”, algunos opositores como el concejal progresista, Hollman Morris, sostienen que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), le confirmó que no tiene los estudios necesarios para esta etapa. Sin embargo, para los expertos lo importante consiste en tener claros algunos valores como el capex, con lo cual se puede continuar con el proceso de adjudicación.
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