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Tras la caída de la tributaria, los analistas destacan que es necesario que se tomen medidas que solucionen el déficit en cuestión
El pasado miércoles se cayó la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso. Además de las preocupaciones que el hundimiento del proyecto pueda causar al Gobierno, uno de los temas atados a la iniciativa era la deuda del mecanismo de opción tarifaria.
Tras el anuncio del proyecto, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó en sus redes sociales que la negativa del Congreso en aprobar el proyecto fue “un duro golpe a la transición energética”.
Luego, señaló que “el proyecto otorgaba competencias al Gobierno para asumir los saldos no cobrados por la aplicación de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, con el fin de disminuir el alza de las tarifas de energía eléctrica de estos hogares”.
A causa de los anuncios del ministro y el hundimiento del proyecto, surgieron dudas sobre el futuro de la opción tarifaria y el impacto del déficit en la deuda con las empresas comercializadoras. Para los analistas, si el Gobierno no paga la opción tarifaria, las tarifas aumentarán y serán los usuarios los que respondan por ellas.
“Hoy lo que tiene que hacer el Gobierno es priorizar; entender que la opción tarifaria es una necesidad para que no se vayan a quebrar las comercializadoras, porque las primeras que se van a quebrar son las pequeñas empresas públicas, y esto generaría pequeños apagones. Las empresas necesitan flujo de caja”, enfatizó al respecto el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, Camilo Sánchez.
Para el dirigente gremial, los subsidios son recursos que las empresas ya brindaron a los usuarios, y el pago de esto tiene como finalidad que las organizaciones no estén ilíquidas.
“Es necesario que se presente un proyecto de ley específico para este caso, que pueda aliviar el déficit en las comercializadoras de energía eléctrica del país”.
“Esto es lo que nosotros denominamos el ‘apagón financiero’. No es que no haya energía, sino que no habrá dinero para poder llevar estos insumos a los usuarios. Sería una irresponsabilidad que el Gobierno incumpliera con la opción tarifaria”, agregó el dirigente.
Con la finalidad de que el Gobierno libere presupuesto, Sánchez detalló que existen recursos de Findeter, o que también pueden “liberarse a través de la eliminación de gastos de funcionamiento o por falta de ejecución presupuestal”. El empresario enfantizó que es cuestión del Gobierno “si se va a equivocar y si va a dejar sin recursos a este sector económico”.
Fabián Osorio, director de Análisis Sectorial y Sostenibilidad en Corficolombiana, señaló que “el saldo de la deuda por opción tarifaria, correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, ascendía a $2,6 billones. Si el Gobierno no asume estos saldos tras la caída de la tributaria, la deuda continuará recayendo sobre los usuarios, lo que impactará necesariamente el costo del servicio para estos hogares en los próximos meses”.
El presidente de Xua Energy, Julio César Vera, concluyó que es necesario que se presente un proyecto de ley específico, que pueda alivianar el déficit en las comercializadoras.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, reveló que el hundimiento de la ley de financiamiento “es un retroceso” para varias de las iniciativas de la cartera. Algunos de los puntos que mencionó Camacho fueron la deducción del impuesto a la renta, y la exención de IVA para generación de energía con fuentes no convencionales, “con la finalidad de fortalecer la competitividad y reducir la dependencia a importaciones”.
Para el ministro, “el proyecto otorgaba al Gobierno Nacional la facultad de redirigir los recursos para subsidios de las tarifas de energía eléctrica para financiar infraestructura de paneles solares”.
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