“Los jueces no son los llamados a frenar el proceso de venta de Medimás”: Acemi

A través de un pacto denominado ‘Acuerdo de Punto Final’, el Gobierno planea esclarecer y sanear las deudas de los diferentes actores del sistema de salud donde las cuentas siguen sin cuadrar para las EPS, las IPS y los hospitales. El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Gustavo Morales Cobo, se refirió en entrevista con LR al mecanismo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo para poner al día a las deudas y sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la negociación de la EPS Medimás.

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¿Cuántas EPS tienen actualmente problemas financieros?
Si uno define como en situación problemática aquellas que tienen alguna medida de vigilancia especial por parte de la Supersalud diríamos que son cuatro: Medimás, Coomeva, Cruz Blanca y SOS EPS. Todas ellas están haciendo esfuerzos para superar sus problemas. Sin embargo, creemos que restringirles el derecho de afiliar a nuevos usuarios contribuye a empeorar su situación.

¿Piensa que se debería vender Medimás?
La situación actual de la EPS es mejor que hace unos meses. Puedo dar fe del esfuerzo que han hecho los socios y la administración para estabilizar una operación que recibieron en crisis por los traumatismos de liquidar Saludcoop y de pasar en bloque los afiliados a Cafesalud.

No obstante, pienso que Medimás enfrenta una situación absolutamente lamentable por la interferencia de los jueces en su proceso de salvamento. Que se atraviesen en la posibilidad de la llegada de nuevos inversionistas que le inyecten capital manda una pésima señal para el sector. Los jueces no son los llamados a frenar ese proceso.

¿A cuánto ascienden las deudas del sector y por qué existen discrepancias entre los diferentes actores?
Porque los tiempos son diferentes para cada uno. En el Plan Nacional de Desarrollo se establece un mecanismo expedito para llegar a esa cifra. A través de una especie de ‘fast track’ se determinará qué tanto están dispuestos unos a pagar y otros a aceptar, para lo que tendrán que renunciar a las demandas en curso.

En total, las EPS estiman que les deben alrededor de $5,5 billones, $3 billones viejos y $2,5 billones nuevos que todavía la Adres no ha auditado y por ello no reconoce.

¿Cuál es el problema de los recobros no POS?
El no POS es lo que no está calculado en la lista de los beneficios obligatorios. El verdadero responsable de estas deudas es el Estado, a las EPS se las ha pedido que hagan las veces de intermediarias, que paguen para luego ser reembolsadas.

Sin embargo, el Estado lleva un año sin pagar el grueso de lo que se debe en el no POS por un problema burocrático debido a que no han podido auditar facturas. Todavía están pendientes los pagos de 2017 y 2018.

Nosotros somos partidarios de eliminar el no POS porque desnaturaliza el aseguramiento.

¿Qué incluiría en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud?
Que exista una definición más precisa de los ingresos de las EPS entendiendo que son verdaderas aseguradoras y no meras administradoras de recursos estatales. Además, que se incentiven los planes voluntarios de salud como la medicina prepagada o las pólizas. Según nuestros cálculos, estos no alcanzan a ser dos millones de personas de los 45 millones que cubre el sistema.

¿Está de acuerdo con que el giro directo sea facultativo de la Adres?
Creemos que se llegó a un equilibro sensato. Es el mecanismo por el cual la Adres le gira directamente a los prestadores sin que el dinero pase por las EPS, ese dinero hoy se utiliza para las que están en situación de vigilancia especial, pero lo que proponía el Gobierno en el Plan era generalizarlo a todas. Con ello, el dinero no pasaría por sus manos y dejarían de ser aseguradoras para convertirse en una especie de meras auditoras de cuentas. Sin embargo, no quedó como obligatorio sino que se le facultará al Gobierno a mirar en qué casos se aplica.

¿Qué le parece la política de control de precios?
Creo que debe continuar y que se debe fortalecer un mecanismo que le dé un empujón a la evaluación tecnológica de las nuevas tecnologías. Hay que resolver la pregunta de si deben ser pagadas por el sistema.