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"Logramos pasar de 4% del presupuesto que se asignaba a áreas rurales a casi 20%"

miércoles, 1 de junio de 2022

El viceministro de agua y saneamiento básico, José Luis Acero, dijo que lograron asignaciones récord en 2021, con un presupuesto de $1,3 billones

Uno de los grandes retos en materia de servicios públicos es la cobertura del acueducto, particularmente en zonas como La Guajira o áreas rurales. En primer lugar, se trata de zonas alejadas, que requieren una mayor inversión y cuyo impacto suele ser para un menor grupo que para las ciudades.

José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, explicó que durante este Gobierno se alcanzaron cifras récord de presupuesto, y que di chas inversiones han impactado a 12 millones de personas.

Lleva desde el inicio de este gobierno al frente de este viceministerio, ¿cómo ha sido y qué le ha permitido esta permanencia?
Desde el punto de vista de la ejecución es sumamente importante tener continuidad de los equipos para asegurar el cumplimiento de metas. Cuando llegamos a la cartera había cerca de cinco millones de personas sin acceso a agua potable. Este sector se mide con tres indicadores, acceso a agua, la continuidad del servicio y la calidad. Todas las políticas se centran en esos tres factores. También se suma saneamiento, es decir, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y el sector de aseo que tiene un impacto enorme sobre la vida diaria. Hay un tema a futuro muy importante que es cómo manejamos los residuos sólidos. El principal reto se mide en las personas con acceso a agua potable; la meta era llegar a 3,6 millones de personas sin este servicio y ya la cumplimos. Eso también demuestra el talante de gobierno tomando las decisiones diarias.

¿Cuánto reducirían ese indicador a cierre de año?
Con los proyectos que tenemos en ejecución y con los recursos que se le otorgó al sector. A cierre de año estaríamos llegando a cerca de cuatro millones de personas con acceso a agua potable por primera vez.

Tienen más de 500 proyectos andando para lograr estas cifras. ¿Cuál es su presupuesto y cómo avanza su ejecución?
Este es un tema importante. Este es un viceministerio adjunto al Ministerio de Vivienda, que es relativamente joven. A pesar de ser importante, el viceministerio de vivienda opaca un poco al de agua. Eso ha derivado en que haya una baja asignación presupuestal, que en promedio es de $400.000 millones en inversión. Logramos en 2021 y 2022 asignaciones récord. El año pasado gestionamos más de $1,3 billones y en 2022 $1 billón. Esa es la senda de gasto para asegurarnos que rompemos esas brechas. En las ciudades estamos en 98% y en áreas rurales cerca de 70%. Hemos estimado que para cerrar esas brechas se necesitan asignaciones cercanas a $1 billón para lograr la meta de universalización de servicios públicos a 2030.

Hemos gestionado cerca de 890 proyectos de diferentes escalas. Este es un sector muy descentralizado, en el que los alcaldes son los responsables de la prestación de servicios y de saber qué infraestructura se requiere y de dónde sale el dinero.

Vamos a terminar a cierre de agosto 350 proyectos, que afectaron a cerca de 12 millones de personas, es decir, casi un cuarto de la población. A muchas personas les mejoramos el servicio y la calidad.

Retomando los dos temas anteriores, el tema de conexiones a acueducto y saneamiento en región es muy complejo, incluso por la naturaleza geográfica del país. ¿Cómo han afrontado estos retos y cómo va la conexión en áreas rurales?
Podría resumirse en tres retos y el primero es el cierre de brechas. Desde 1994 hemos venido creciendo de forma sostenida los tres indicadores principales. Sin embargo, ese modelo se da en un entorno de competencia que está principalmente en las ciudades. Eso lo que hace es que haya una constante brecha entre el campo y las ciudades. Llegamos a una última milla que se vuelve más compleja desde la logística. Entramos en una disyuntiva de cómo se asignan los recursos, porque la inversión en las ciudades para conectar a una persona es de $190.000; en las periferias de las cabeceras municipales se sube hasta $1,2 millones, y en zonas rurales apartadas la inversión es cercana a los $3,5 millones de personas.

¿Cómo se divide la asignación presupuestal entre las zonas urbanas y rurales?
Como son los alcaldes los que priorizan sus necesidades, el Gobierno no tiene ese control tan directo. Gracias a la acción proactiva en hacer que se prioricen este tipo de proyectos logramos pasar de 4% del presupuesto que se asignaba a áreas rurales a casi 20%. Tratamos de acercarnos a la realidad de estructura poblacional del país que es que 80% viven en la ciudad y 20% en el campo.

LOS CONTRASTES

  • Natasha Avendaño Superintendente Servicios Públicos

    “Acordamos el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas para establecer acciones que fortalezcan la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el país”.

Otro de los temas, no solo en zonas rurales, sino en la totalidad del territorio, es la continuidad y calidad del servicio. ¿Cómo se ha avanzado?, ¿en qué proyectos están trabajando para mejorarlo?
Una de las cosas más importantes es que no solo se logra mejores indicadores por medio de inversión, sino que estos proyectos tengan un buen operador. A grandes rasgos, se han logrado construir cerca de 47 plantas de tratamiento de aguas residuales nuevas. Aparte hay otros 87 nuevos sistemas de abastecimiento. Durante este gobierno se construyeron cerca de 2.200 kilómetros de tuberías. Tenemos un reto que es la eficiencia de los operadores y para eso creamos dos programas para apoyar el fortalecimiento de las regiones y del gobierno corporativo.

Con respecto al proyecto Guajira Azul, este pretende elevar hasta 70% la cobertura. ¿Cómo ha sido el avance y en qué porcentaje de conexión van?
Para el cierre de brechas, que es uno de los grandes retos del sector, tenemos tres proyectos y este es uno. Partimos de unos indicadores muy precarios, la conexión en La Guajira estaba cercana a 4%, no había casi cobertura y había una continuidad de nueve horas en las zonas urbanas, que es una de las más bajas del país. Además en términos de la calidad, tres de los 15 municipios tenían una calidad apta para el consumo. La meta era dejar la cobertura entre 60% y 70% para acercarnos al promedio nacional, pasar a unas 15 y 16 horas de continuidad y llegar a nueve o diez municipios con calidad de agua óptima. Se han terminado 29 proyectos de infraestructura, y se han terminado cerca de 25 pilas públicas que dan acceso a más de 30.000 personas. Se dejan también cerca de 78 pilas que impactarán a cerca de 200.000 personas. Con esto ya vamos en 22% de cobertura y vamos a dejar al finalizar este año el dato en 60%.

Nos dimos a la tarea de medir el impacto del tema. La idea era habilitar el agua y mejorar indicadores de desnutrición, de pobreza, de productividad, inclusión y otros aspectos. Hicimos un estudio con Usaid y nos dimos cuenta y los resultados son muy dicientes. Solo con el acceso al agua se bajaba en 10% los niveles de pobreza.

Otro de sus proyectos es Agua al Barrio que ganó un premio de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. ¿En qué consiste y qué avances tiene?
En nuestras ciudades hubo un proceso de urbanización muy acelerado, pero es muy normal, lo vivieron muchos países. Se juntan otros factores como la violencia y el desplazamiento que hicieron que crecieran de forma acelerada y con un alto crecimiento de los asentamientos informales. Por eso tenemos asentamientos en los que no hay acceso a agua potable. Esta es la razón principal por la cual creamos este programa que trabaja con los alcaldes de las ciudades principales y acompañamos a las empresas de servicios públicos a que lleguen a esos barrios, entonces ya se han beneficiado cerca de 100.000 personas en barrios en proceso de formalización. Con eso aseguramos que las personas que estaban conectadas de manera ilegal puedan tener una buena calidad.

¿Cuántos barrios se han visto beneficiados y en qué ciudades están ubicados?
Están en las principales ciudades, hablamos de unos 60 barrios que se han visto beneficiados. Estamos trabajando con 14 ciudades y en proceso se dejan convenios para llegar a 30 ciudades. Para cerrar esa brecha de 6% en la cobertura se requiere trabajar en estas zonas que representan cerca de 1% total que falta. Esto es algo que el próximo gobierno debe solucionar ya que es de última milla y es más fácil de llegar que a zonas rurales.

¿Cómo avanza el país frente a otros de la región y qué nos hace falta?
Colombia es un buen ejemplo, hemos hecho bien la tarea y el sistema es mucho más eficiente que el de otros países. El desarrollo normativo y de inversiones también se han vuelto ejemplo. Los sistemas diferenciales con los cuales hacemos esquemas de inversión son tomados por otros países de la región, lo que nos ha permitido mostrar que estamos haciendo bien la tarea. Estamos rezagados en materia de asignación de recursos, por lo que el próximo gobierno debe continuar con la asignación presupuestal que dejó este gobierno. Es la única forma de lograr las metas que tenemos planteadas, que es la universalización.

Hay un tema del que se habla mucho y es el mínimo vital y el derecho al agua. Eso es un tema que gracias a los subsidios cruzados, ya existe. México desde el gobierno dictaminó que a nadie se le podía cortar el agua y por eso no hay buena cultura de pago. Eso impacta la capacidad de las empresas para hacer las inversiones necesarias. En ninguna parte del mundo se ha demostrado que un servicio público gratis es bueno, porque cada uno de los ciudadanos aportamos a la mejora por medio del pago de las facturas.

Tenemos un tema de estratificación, que es muy propio del país y debería evolucionar, pero le ha permitido ser más equitativo en la distribución y pago de servicios públicos. Eso es lo que en últimas hace que seamos ejemplo comparado con la región.

Sobre Agua al Campo, ¿cómo se hizo la priorización de las zonas en las que se llevaría a cabo esta estrategia?
Este es un programa que tiene unos retos enorme y que esperaría que los próximos gobiernos lo continúen y profundicen. Hay cuatro retos que buscamos trabajar con este programa. El primero es la falta de información, que hace que tomar decisiones de forma acertada sea más complicado; capacitación de los acuerdos, para lo que convocamos a dos encuentros; acompañamiento en la estructuración, para fondear los proyectos, y asignación presupuestal.

Lo otro es que por medio del Ocad Paz, el Gobierno decidió priorizar los municipios Pdet. Con esto se logró una asignación de $500.000 millones en el bienio.

En Bogotá se está hablando de ptares que ayudarán a mejorar la calidad del agua que llega al Río Bogotá. ¿Cuál ha sido el aporte desde el Gobierno central para el avance de estas plantas?
Este es un subsector muy importante que tenemos en la cartera que es otro reto para nosotros. Cuando llegamos había un indicador de 42% de las aguas. Nuestra meta es dejar en 54% y ya estamos en 52%, con lo que cumpliremos la meta. Lanzamos el Plan de Manejo de Aguas Residuales a 2050, con el que ya se inició la optimización de la Ptar que trata 30% de las aguas de Bogotá. Esto se está acompañando con la garantía de la Nación para la Ptar Canoas que va a ser la tercera planta más grande de América Latina. Eso le va a permitir a la ciudad tratar cerca de 100% de su agua. Esa es la columna vertebral de la navegabilidad del río.

Algunos de estos proyectos han requerido financiación desde la banca multilateral. ¿Cómo ha sido acceder a estos recursos y por qué valor ha sido?
Este es un sector que podría estar rezagado en materia de financiación. Nosotros usamos poco el mercado de capitales, de deuda o instrumentos innovadores. Se hace pocas o nulas APP, por lo que trabajamos con las multilaterales para el proyecto Guajira Azul de cerca de US$50 millones, con US$12 millones de donación. Con la CAF y KFW también se trabajó en el fondeo de recursos para proyectos. También le metimos a la estructuración de APP principalmente para el tratamiento de aguas residuales y que esperamos que el gobierno continúe la estrategia. Por primera vez logramos que Hacienda nos asignara una parte del cupo de APP.

Colombia va a tener que pensar en la renovación de la infraestructura que ha construido en los últimos 50 años, que va a requerir muchos recursos.

Para hacer seguimiento al avance de obras en Providencia, ¿qué ha pasado con los proyectos de potabilización?
Esto fue un reto enorme. En últimas los resultados son dicientes, en el tiempo que se ha logrado la reconstrucción es récord. El reto de responder a la tragedia de Providencia fue enorme; solo había un muelle, la pista solo permitía aterrizar un caza, no daba para un Hércules para llevar la maquinaria, no hay fuentes de agua constante. Entonces es difícil. Pero podemos decir que hubo agua desde el tercer día de que pasó el huracán y no ha habido un día sin que tenga disponibilidad de agua potable. Esto es un esfuerzo enorme entre varias entidades para coordinar las acciones. Hoy en día hay dos plantas desalinizadoras abasteciendo a la población, se hizo el dragado del embalse para asegurar mayor disposición para el futuro. Con esto no solo se respondió durante la emergencia sino que se apoyó la reconstrucción, porque se requiere agua para que las obras puedan hacerse. El 23 de junio será la fecha de apertura de la isla, en este caso para los turistas.

Se viene en poco más de 60 días el cambio de Gobierno, ¿qué retos deja para la siguiente persona que llegue al cargo?
El país tiene que ser capaz de proyectar a este sector como uno estratégico para el desarrollo del país, que entienda que el agua va a ser determinante en la incidencia territorial y global. En las próximas décadas se vienen los mercados del agua, que ya se hace en algunos países, somos el sexto país con mayores reservas de agua superficial. Por esto somos parte del oligopolio mundial de agua, con lo que deberíamos ser capaces de tener incidencia sobre el producto. Lo que hagamos en materia de tener un sector fuerte que preste un servicio para todos, nos va a permitir ser relevantes y proyectar a Colombia como una potencia en agua.

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