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ECONOMÍA Ley de Desarrollo Rural ya tiene los puntos de Farc
lunes, 22 de octubre de 2012
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Ximena Ramírez - xramirez@larepublica.com.co

Un total de 15 de los 17 puntos que hacen parte de la cartilla agraria del grupo guerrillero de las Farc, presentan similitud con la reforma agraria integral que propone el Gobierno Nacional.

Aunque la Ley de Desarrollo Rural que adelanta  el Ministerio de Agricultura, no será propiamente discutida en Cuba y por ende no estará condicionada a las negociaciones de paz,  LR  hizo un ejercicio comparativo con el ánimo de identificar las posiciones de ambas partes.

Cuando se hace una lectura del ideario histórico del grupo guerrillero durante los últimos 48 años - desde que nació el grupo en el año 1964 hasta 2012- en materia agraria,  y se comparan con las políticas incluidas en la Ley General de Desarrollo Rural que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, se evidencian  puntos de convergencia claves que abordan las partes,  como  la formalización  de propiedad y formalización laboral,  gratuidad en las tierras para campesinos, asistencia técnica y prestación integral de servicios de salud, vivienda, educación; acceso a mercados, asociatividad, extinción de dominio agrario por inexploración o afectación al medio ambiente, ordenamiento de usos productivos de suelos, entre otros,   que permiten  pensar  que  este primer tema de la agenda de  la segunda fase del proceso de paz no  está muy lejos de cumplir su objetivo y de llegar al tan anhelado punto de equilibrio.

En ese sentido, en la Habana (Cuba)  se abrirá  un nuevo debate que va más allá de las discrepancias que han acompañado por más de cuatro décadas los discursos de los voceros de las Farc con los gobiernos de turno, para darle paso a la socialización de puntos en común.  

No obstante, hay dos puntos en los que las partes implicadas en la negociación  (Guerrilla de las Farc y Gobierno Nacional),   difieren en el papel  y  se convertirán, sin duda, en el punto álgido de los diálogos que se realizarán a partir del próximo 15 de noviembre. Se trata de la condonación de deudas a todos los campesinos y la confiscación de tierras ocupadas por compañías extranjeras.

Esto si se tiene en cuenta el  discurso del grupo negociador de la guerrilla de las Farc, con la vocería de Iván Márquez,  en el que solicitó  revisar los tratados internacionales y la inversión extranjera que está  llegando al país y que “no  obedece a una política en la búsqueda de la disminución de las brechas sociales y en cambio de eso generan inequidades”.

 Lo cierto es que en la  “reforma agraria revolucionaria”, denominación que le da las Farc al documento que registra las  propuestas del grupo  para el sector agropecuario, hace referencia varias veces a la expropiación y confiscación de los terrenos en los que tienen  presencia compañías extranjeras que poseen inversiones en Colombia y que efectúan la explotación de los recursos naturales nacionales. “Todas las propiedades o concepciones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, ...quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Farc”, contempla la política del grupo.  

Así mismo,  afirma que se procederá a la confiscación de terrenos ocupados por “ empresas imperialistas norteamericanas a cualquier título y cualquiera que sea la actividad a la que estén dedicadas”.  

Por su parte, el   proyecto de Ley de Desarrollo Rural que está trabajando el Ministerio de Agricultura  no contempla la confiscación de bienes de compañías extranjeras,  sin embargo, restringe la dotación y concesión de derechos de superficie sobre terrenos baldíos a favor de extranjeros.

De igual forma, la Ley no alude a la liberación de deudas a la población campesina; no obstante, plantea mejorar el bienestar de la población a través de subsidios, previendo programas dirigidos a garantizar la educación, la salud, la seguridad social, formalización laboral, además de un programa dirigido específicamente a atender la vejez y la invalidez. De allí que éste no sea un tema que preocupe dentro de las negociaciones, diferente al de la tenencia de tierras por parte de  empresas de capital foráneo, que desde ya se vislumbra como el palo en la rueda de la discusión del primer aspecto en la agenda del proceso de paz.

Para  Andrés Moncada, presidente ejecutivo de Fenavi, este es un tema de vital importancia, que debe ser tratado con firmeza. “Es clave hacer que se respete el derecho constitucional de la propiedad privada, en este caso de las compañías extranjeras con proyectos agro productivos que generan riqueza y desarrollo en el campo.

El Ejecutivo recordó que los  grandes desarrollos en materia agropecuaria de los diferentes  países se han logrado a través de proyectos con transferencia tecnológica, distritos de riego e infraestructura.

La ley de desarrollo rural

De acuerdo con Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, la Ley de Desarrollo Rural que se presentará al Congreso de La República, se encuentra en estos momentos en proceso de  consulta previa por parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta iniciativa, que pretende rescatar más de 6 millones de hectáreas productivas para el sector agropecuario, se convierte en la hoja de ruta del Gobierno Nacional para lograr un desarrollo integral del sector.

 Restrepo, hizo claridad que  serán los voceros del Gobierno  los que definirán los puntos del sector que se tratarán cuando  se dé inicio oficial a las conversaciones. Las políticas  ya están puestas sobre la mesa y será en Cuba donde se conocerán las estrategias de las partes.   

Las opiniones

Juan Camilo Restrepo
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

“La Ley General de Desarrollo Rural que lleva a cabo el Gobierno, se encuentra en estos momentos en consulta por parte de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Andrés Moncada
Presidente Ejecutivo de Fenavi

“Lo que hay que hacer es fomentar la inversión extranjera para garantizar que haya un crecimiento sostenido en el campo y se genere empleo de calidad”.

José Félix Lafaurie
Presidente de Fedegán

“Es una equivocación completa el planteamiento de que las empresas extranjeras no pueden desarrollar sus proyectos en el país, hay que respetar la inversión”.

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