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HACIENDA Las diez polémicas que ya recoge el debate del Plan Nacional de Desarrollo
lunes, 4 de marzo de 2019

Aunque aún no comienza la votación del Plan de desarrollo, las críticas a varios puntos han hecho que desde ya se hayan comenzado a descartar artículos

Laura Lucía Becerra Elejalde - lbecerra@larepublica.com.co

Esta semana continuará la socialización del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, y aunque fuentes del Parlamento aseguran que el debate arrancará en firme el 18 de febrero, desde ya son varios los reparos que han presentado múltiples sectores y que han encendido la discusión.

Los primeros en manifestarse fueron los exdirectores del mismo Departamento Nacional de Planeación (DNP). En una misiva firmada por 11 exfuncionarios se criticó la medida del artículo 35 del proyecto, que propone unificar progresivamente los presupuestos de funcionamiento e inversión, responsabilidades actuales del Ministerio de Hacienda y el DNP, respectivamente. La observación se dio en relación a la posibilidad de que se debiliten las funciones de Planeación.

El debate previo que se generó también surtió efecto sobre las propuestas relacionadas con los artículos 140 y 179, referentes al desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3 y el cambio en la base de cotización a la seguridad social de los trabajadores independientes. Tras una reunión con los partidos Centro Democrático, Mira y Colombia Justa Libres, el presidente Iván Duque anunció por medio de su cuenta de Twitter que ambas medidas se eliminarían del PND.

Los departamentos también participaron de discusiones con el Presidente, lo que les dejó victorias en dos temas: el impuesto a los licores (Artículos 146 a 148) y el pago del No POS (Artículo 134). El lunes de la semana pasada, representantes de la Federación Nacional de Departamentos acordaron con Duque que se eliminaría la propuesta de aplicar una tarifa única por grado de alcohol a las bebidas, lo cual aseguraron afectaría las rentas de los entes departamentales; y se modificaron los porcentajes de aporte al monto de la deuda acumulada del sector salud desde 2011, el cual será asumido por el Gobierno Nacional, con apoyo de las administraciones departamentales y municipales.

“Le solicitamos al presidente que el No POS no lo siguiéramos pagando los departamentos, sino la Nación”, comentó en Inside LR la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. La funcionaria aseguró que en el plan quedará un artículo que establece que será la Nación la encargada del pago.

Otros dos asuntos que aprovecharon los gobernadores para discutir con el presidente tienen que ver con los ‘esquemas asociativos territoriales’ y el manejo de las regalías, asuntos que se relacionan específicamente con los artículos 28 y 150 del articulado.

Desde la Federación de Departamentos se criticó que las condiciones con las que estaría fundamentada la propuesta, que busca que por medio de esquemas asociativos las Regiones Administrativas presenten proyectos de inversión, volvían complicado el proceso; y que, por otro lado, se estaría volviendo a un modelo de centralización que paralizaría la inversión en proyectos por las demoras en los trámites con los ministerios.

LOS CONTRASTES

  • Jorge Iván GonzálezDocente de la Universidad Nacional

    “El problema es que el articulado no es consistente con las bases, entonces la gente se pierde en el detalle, cuando lo crucial está en otros temas”.

Por ello, se acordó la creación de unas mesas de trabajo conjuntas para la discusión de la reforma estructural al actual sistema de regalías y se decidió eliminar el artículo. Así mismo, se cuestionó el 128, que comprende las competencias de los departamentos en la prestación de servicios de salud, pues se sugiere “financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, los gastos derivados de la atención en salud de la población migrante”, algo que las entidades territoriales considera debe delimitarse.

Un tema que no está presente en el proyecto de Ley, pero que han cuestionado sectores como los sindicatos de trabajadores es la posibilidad de que cuando empiece a debatirse se incluya una norma que permita la contratación por horas, teniendo en cuenta que el Artículo 113 propone que cuando los trabajadores reciban menos de un mínimo al mes, sus empleadores deberán asumir un aporte de 15% en Beps.

De acuerdo con el viceministro de Relaciones laborales e Inspección, Carlos Baena, esta medida ampararía “a la gente que trabaja en tiempo parcial, que no alcanza a completar el salario mínimo durante el mes”, con lo que se cotizaría por las horas trabajadas. Sin embargo, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que se intente incluir una modalidad de contrato por días o por jornal.

Rosmery Quintero, presidente de Acopi, aseguró que “el pago por horas (es algo que) no toda actividad necesita. Hay cargos específicos en servicios, en restaurantes o belleza, donde se necesitan más temas por horas y tener la facilidad de incluir un número determinado de personas”, y aseguró que una medida así puede ayudar a formalizar ciertos empleos.

Otros dos puntos que se han criticado tienen que ver con el Artículo 181, que le entrega facultades extraordinarias al Presidente por seis meses para modificar el Estado, o el hecho de que en el artículo 4, donde se presenta el ‘Plan Nacional de Inversiones Públicas 2018-2022’ no figura un rubro específico para la paz y el posconflicto.

Al respecto, la directora del DNP, Gloria Alonso, explicó que “no es cierto que el Plan no tiene incorporado el acuerdo de paz”, y explicó que en el capítulo 11 están todos los compromisos que se definen de forma ampliada, y que pueden costar $37 billones.

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