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En la zona urbana del puente Quetame también hay un riesgo permanente para las personas, las viviendas y la vía misma.
La Veeduría Ciudadana de la Infraestructura Vial y Conectividad del Meta señaló los problemas del corredor y los planes de inversión pública requeridos
Frente a la vía Bogotá–Villavicencio, la Veeduría Ciudadana de la Infraestructura Vial y Conectividad del Meta advirtió que el Tramo 1 presenta una baja velocidad en la operación debido a que solo hay una calzada habilitada. Esto genera una alta vulnerabilidad ante la presencia de puntos inestables, lo que representa un riesgo de incomunicación, ya que no existen vías alternas.
En cuanto al Tramo 3, que sí cuenta con doble calzada en operación, se requieren intervenciones en los puntos inestables de la calzada antigua, para evitar que se repitan las condiciones críticas de los tramos 1 y 2.
Sobre la inestabilidad en todo el corredor, la Veeduría Ciudadana reportó que ya se han identificado 200 puntos con esta condición, de los cuales 60 son de alto riesgo. Según estimaciones del Ministerio de Transporte, se necesitaría una inversión de $1,2 billones para su atención.

Sobre los estudios de la segunda calzada, cuya finalización está proyectada para 2026, se señaló que el próximo Gobierno Nacional deberá encargarse de su contratación; este es un tema crucial para el estado de la infraestructura en la región.
También se reportó un deterioro en la cuenca de la quebrada Estaqueca, lo que ha generado cierres en tramos de 5,5 kilómetros de la calzada antigua. Esta situación ha reducido la velocidad promedio y aumentado la accidentalidad.
Los riesgos no solo obedecen al rezago en infraestructura, sino también a factores ambientales: el aumento del caudal del Río Negro pone en peligro estructuras como puentes y provoca derrumbes en los taludes de sus orillas, lo cual representa una amenaza inminente para los usuarios de la vía. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y el Ministerio de Transporte no han tomado acciones preventivas, según denunció la veeduría.
Después de dos años de interrupciones en la vía, aún no se han implementado soluciones definitivas, ni se han asignado recursos suficientes para avanzar en políticas públicas que garanticen la operación del corredor vial.
Respecto al kilómetro 58, la situación es similar. La organización manifestó que han pasado seis años desde que se dejó de utilizar un tramo nuevo, cuya inversión fue cercana a $1 billón, sin que se hayan asignado recursos para definir una solución definitiva. "Esto implica un detrimento patrimonial", aseguró la veeduría.
En la zona urbana del puente Quetame también hay un riesgo permanente para las personas, las viviendas y la vía misma. A pesar de ello, no hay recursos asignados para mitigar esta situación.
En materia de asignación de recursos, se tramitó una solicitud ante la Ungrd por más de $383.565 millones para intervenir 16 puntos críticos, pero solo se han asignado $40.000 millones y actualmente solo se están atendiendo tres de esos puntos.
En el primer Tramo, desde el Túnel del Boquerón hasta El Tablón, presenta riesgos geológicos significativos y requiere estabilización constante de taludes, obras estructurales, y ampliación de la capacidad vial mediante dobles calzadas, túneles y viaductos.
Aún hay 50 puntos inestables, con deslizamientos y flujos de tierra de gran magnitud que pueden interrumpir la conexión entre Bogotá y Cáqueza. También se identifican amenazas por socavación del Río Cáqueza, que afecta la banca de la vía.
Frente al segundo, se han registrado 75 puntos críticos, siendo los más afectados los que cruzan la quebrada La Estaqueca y el kilómetro 58, debido a la inestabilidad de la ladera. En el primer caso, la cuenca de la quebrada ha sufrido un deterioro por avalanchas de material que han sepultado el puente, interrumpiendo completamente el cruce.
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