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La tarifa del impuesto de renta a empresas en Colombia es de las más altas de la Ocde

martes, 13 de abril de 2021

Mientras que la tarifa nominal que se paga en las empresas de Colombia es de 32%, el promedio de los países de la OCDE es de 22%

Carolina Salazar Sierra

El país está a la espera de conocer los puntos que se incluirán dentro de la que será la tercera reforma tributaria en el periodo presidencial de Iván Duque. Entre tanto, son varios los analistas, asociaciones y centros de pensamiento los que han dado a conocer sus propuestas.

Uno de los puntos que se ha resaltado en la mayoría de las discusiones es el hecho de que la carga tributaria que enfrentan las empresas en Colombia es relativamente alta si se compara con las cifras a nivel internacional.

De hecho, según el documento de Fedesarrollo ‘Reformas para una Colombia post-covid 19: hacia un nuevo contrato social’, Colombia es uno de los países dentro de los miembros de la Ocde que tiene la tarifa más alta en el impuesto sobre la renta a las empresas, pues mientras que en 2020 la tasa que se pagaba en Colombia era de 32%, el promedio en la Ocde fue de 22% y en pares regionales, como Chile y México, tenían tarifas de 25% y 30% respectivamente.

“Estas cifras también son indicativas de la significativa carga tributaria que recae sobre las empresas en Colombia y de la dependencia que tienen las finanzas públicas del país en los impuestos corporativos”, explicó Fedesarrollo.

Cuando se trata del impuesto de renta, en Colombia las empresas pagan 75,8% del total del recaudo, mientras que en el promedio de la Ocde son las personas naturales quienes más pagan, al aportar 70% del total. “Estamos en contravía del mundo. Colombia es un país donde las personas naturales desafortunadamente no tributan y por eso es que ha sido imposible subir el recaudo del impuesto de renta de manera sustancial”, dijo Mauricio Santa María, presidente de Anif.

Así, en este apartado, uno de los puntos que incluiría la reforma tributaria es reducir la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas mediante un esquema de tarifas marginales, que empezaría a partir de utilidades de $500 millones con una tarifa de 24% para empresas pequeñas. Sin embargo, la tarifa máxima se mantendría en 31% hasta 2023 y a partir de ese año se reduciría a 30%.

Además, se eliminarían las rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023.

En línea con la discusión, en el documento de sus propuestas, Fedesarrollo también planteó posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa, dejándola en 31% hasta 2026. Además, el centro de pensamiento está de acuerdo con eliminar las exenciones de este gravamen y, adicionalmente, planteó eliminar el descuento del ICA.

Otras de las propuestas de este centro de pensamiento van encaminadas a aumentar la base gravable del impuesto de renta de las personas naturales, disminuyendo las exenciones en este tributo.

“Planteamos reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base gravable y fomentar la cultura tributaria. Este cambio implica que la base de contribuyentes pasaría de 1,5 millones a cerca de 2,1 millones de personas declarantes contribuyentes, apenas una pequeña proporción de los cerca de 21 millones de ocupados en el país”, explicó Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de Fedesarrollo.

En el apartado de los gravámenes a las personas naturales, Fedesarrollo también propone aumentar la tarifa del impuesto a los dividendos de la actual 10% a 15%. Al igual, recomienda que se mantenga el impuesto al patrimonio hasta 2024 con tarifas marginales que empiecen a partir de 0,25% para patrimonios de entre $1.000 y $2.000 millones.

Otras propuestas que plantea Fedesarrollo en materia tributaria

Dentro del documento ‘Reformas para una Colombia post covid-19’, Fedesarrollo hizo una serie de propuestas en materia social, laboral, pensional y tributaria. Algunos de los puntos incluían la implementación de una renta mínima de $35.000 para las personas en condición de pobreza; un auxilio de $412.000 mensuales para adultos mayores que no cuentan con una pensión; implementar tasas progresivas de aportes a salud y a cajas de compensación; y gravar las pensiones más altas.

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