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Colpensiones señaló que el proceso impidió la entrada de recursos para aplicar la ley pensional; fondos privados solicitan que la entrada en vigencia no sea inmediata
La reforma pensional continúa frenada en la Corte Constitucional debido a las recusaciones. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia en la que propone declarar la ley inexequible. Argumentó que el proyecto no cumplió con los estudios ni con la discusión necesaria en el Congreso, particularmente en la Cámara de Representantes.
Colpensiones señaló que el magistrado se equivocó, al enfatizar que la Cámara subsanó el supuesto vicio de trámite cuando la iniciativa fue devuelta al Congreso para que se diera la discusión correspondiente.

“Ibáñez presentó una ponencia de nuevo negativa, otra vez diciendo que no le gustó el procedimiento y la declaró inexequible, pero no tiene mayoría en la Corte para eso. Ahora dilata y dilata. Por el proceso en la Corte, Colpensiones dejó de recibir en administración $3 billones”, mencionó el presidente de la entidad, Jaime Dussán.
Reiteró que el proyecto corrigió todos los presuntos vicios de trámite en el Congreso, ya que, durante las sesiones extraordinarias se revisó, se votó la ley, se enviaron las actas y se cumplieron todos los procedimientos requeridos, agregó.
El presidente de Colpensiones señaló que espera que el proceso en la Corte concluya “con inteligencia” por parte de los magistrados, al afirmar que no existe una razón jurídica de fondo para impedir la implementación de la ley, sino que habría motivos de “índole política”.
Añadió que la entidad también ha dejado de recibir otros $9 billones en recursos de los afiliados. En total, sumados a $3 billones por administración, los fondos públicos habrían dejado de percibir $12 billones. Dussán adicionó que, por la no entrada en vigencia de la reforma, Colpensiones no incorporó a 17,5 millones de afiliados.
Por otro lado, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dijo que, aparte de la recusación del magistrado Carvajal, se suma la ya mencionada de Ibáñez.
“No sabemos cuál va a ser el futuro de la segunda recusación (Ibáñez). Lo que hace falta es que, una vez se resuelvan las recusaciones, la Corte irá a la Sala Plena para votar sobre la exequibilidad o no de la reforma. Si llega a haber un empate, o si los magistrados consideran que es necesario nombrar un conjuez, será necesario un magistrado auxiliar. Si esto sucede, el debate tomará más tiempo”, determinó el economista.
A esto añadió que, en caso de que la reforma resulte exequible y pase el filtro de la Corte, debería haber una espera de dos meses para que esta entre en vigor. Agregó, además, que es importante que la ley empiece a regir el primer día de un mes, con el fin de evitar cortes proporcionales entre sistemas en las cotizaciones mensuales.
Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, dijo que la norma está “viciada” desde su origen y señaló que, en ese sentido, tendría que caer. Agregó que, si bien hay elementos políticos alrededor del plan, las mayorías están dadas para que la norma sea declarada inexequible, aunque señaló que persiste la incertidumbre en la decisión final.
Cuervo manifestó que antes de que termine octubre se tendría una decisión, pero que lo único que haría que esto se retrase sería un empate en la Corte, lo cual, según él, es poco probable porque los números son impares, por lo que no habría lugar para una decisión dividida.
Dijo que la reforma caerá porque es inconstitucional a causa de vicios de trámite. “Si la Corte decidiera decir que no hubo vicios de trámite, tendría que pasar a revisar los vicios de fondo, en lo cual la norma también es endeble, porque hay errores en su formulación”, concluyó.
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