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El Ingreso Solidario sería de carácter permanente y corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada directa
El desequilibrio que generó la pandemia del covid-19 en las finanzas públicas fue tal que el año pasado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que “esculcar debajo de todos los sofás” de su cartera para buscar la manera de cubrir unos faltantes existentes que rebasaron con creces todos los episodios de crisis ocurridos anteriormente en el país.
En total, el déficit fiscal llegó a casi $78 billones, lo que representa 7,8% del PIB. Esto sumado a las obligaciones en materia de amortizaciones, eleva la cifra a un faltante de más de $90 billones. Y para 2021 las proyecciones no son más optimistas. Se prevé que el hueco se ubique en $94 billones (8,6% del PIB) y que con las amortizaciones sobrepase $110 billones.
Para poder financiar ese déficit, el propio Carrasquilla recalcó que es necesaria y urgente una reforma tributaria que entre en vigencia en 2022. Con esta, el Gobierno tiene la esperanza de recaudar $23,4 billones, menor a la cifra de $26 billones que se planteó inicialmente al inicio de la discusión.
Los usos de estos recursos serían principalmente para el programa de Ingreso Solidario. En ese sentido, este será un programa de carácter permanente que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza y a reducir las brechas de ingreso.
Adicional a ello, habrá ayudas para la promoción al primer empleo. Por ejemplo, se les dará una ayuda a los jóvenes menores de 28 años que accedan a su primer empleo definido como la primera vez que el trabajador cotiza al Sistema General de Seguridad Social, siempre que sean contratados durante los cinco años siguientes contados.
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