La operación de Electricaribe se venderá en dos subastas antes de finalizar octubre

A más tardar en el cuarto trimestre de este año se definirán los nuevos operadores de Electricaribe. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el Gobierno Nacional, con la actuación del Ministerio de Minas y Energía, el de Hacienda y la Superintendencia de Servicios Públicos luego de anunciar que a partir de hoy se publicará el reglamento que define la segmentación de la empresa en dos grandes mercados: CaribeSol, compuesto por Atlántico, Magdalena y La Guajira; y CaribeMar, conformado por Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.

Con el plan presentado por la Nación, el primero de los sectores, CaribeSol, quedará con una participación de mercado de 10,8% y 1,21 millones de clientes, mientras que el segundo, CaribeMar, estará compuesto, según la Superservicios, por 1, 51 millones de clientes y quedará con una cuota de mercado de 10,9%.

“Estamos cumpliendo la ruta trazada por el presidente Duque para ofrecerles una solución estructural a los usuarios del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Este nuevo proceso aumenta las probabilidades de encontrar una solución definitiva para esta zona del país que representa 25% de la totalidad de la demanda en Colombia, y asegura las inversiones por cerca de $8 billones que se requieren en los próximos 10 años”, explicó María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía. Según el Gobierno, entre los dos segmentos se invertirán en la próxima década, específicamente, $8,7 billones.

Ahora que los 2,7 millones de usuarios que están a cargo de Electricaribe quedarán en dos mercados, se espera que con este nuevo programa se puedan encontrar un nuevo o varios inversionistas a corto plazo. Esto luego de varios procesos fallidos en 2017 y 2018 cuando el Gobierno Nacional no pudo vender la empresa. En ese momento, se presentaron falta de garantías en la precalificación de los oferentes y regulaciones de mercado que no lo permitían, los cuales, entre otras cosas, frenaron la negociación y detuvieron su venta.

Es por esta razón que para este nuevo programa el Gobierno Nacional ya tiene una hoja de ruta clara; no solo porque asumirá los $1,2 billones de pasivo pensional que tiene la empresa, sino, además, porque trabajará para que en el Plan Nacional de Desarrollo se aprueben varios artículos que, según Suárez, “son fundamentales para la solución de la compañía”.

Se trata de puntos como la flexibilización en los topes del mercado energético, que pasarían de 25% a 35%; la sobretasa de energía para los estratos 4,5 y 6; y los recursos con los que se pagará el mencionado pasivo pensional. Estos artículos son definitivos para el proceso, pues le permitirían a compañías como EPM y Enel entrar en la puja por la empresa, mientras que la sobretasa de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica consumido ayudará a sanear sus finanzas.

En medio de la discusión que se dará en el Congreso de la República, la Nación trabajará, igualmente, para continuar con las inversiones este año. Ángela Patricia Rojas, agente interventor de Electricaribe, le explicó a LR que mientras se realiza todo el proceso la empresa invertirá $800.000 millones este año, de los cuales $125.000 millones iniciarán la próxima semana.

“El mensaje que quisiera transmitir es positivo: el Gobierno Nacional está comprometido en garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, tanto en el corto como en el largo plazo. Esperamos contar con el operador más calificado para mejorar el servicio de energía en la costa Caribe”, sostuvo Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.

Los requisitos en el proceso

La Superintendencia de Servicios Públicos anunció que el proceso tendrá unas reglas de participación y acreditación. Entre los criterios más generales que se exigirán es que el inversionista-operador interesado se encuentre prestando el servicio de energía a más de 600.000 usuarios y que tenga un patrimonio de US$500 millones.

No obstante, para los interesados bajo la modalidad de consorcio, se exigirá, según la Superintendencia, que el líder del mismo acredite la prestación del servicio de energía a mínimo 450.000 usuarios (de los 600.000 requeridos en conjunto) y tener por lo menos 50% de participación en el consorcio.

“Las reglas de participación y acreditación que proponemos buscan que los inversionistas que lleguen a operar el servicio de energía tengan la experiencia suficiente y comprobada para garantizar que se hagan las inversiones requeridas”, dijo Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos.

El cronograma

El nuevo proceso de búsqueda tiene como plazo máximo de recepción de las ofertas para precalificación el 17 de mayo. En junio se darán a conocer los resultados de la precalificación y se procederá a abrir el cuarto de datos para que las firmas seleccionadas analicen la información disponible y el 16 de septiembre se estructurará la oferta final de los inversionistas.

Según la Superservicios, en este último mes se hará la subasta del primer segmento y en octubre la subasta del segundo de los segmentos, así como la subasta de la compañía completa (en caso de que se presenten interesados) para la adjudicación de la operación del servicio de energía en la región. Con este proceso, se espera que a más tardar en octubre se defina quiénes quedarán a cargo de la empresa.

Las salidas que propuso la Financiera de Desarrollo Nacional hace un tiempo

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) presentó en enero varias alternativas para subsanar la situación financiera que enfrenta el operador. Entre ellas figuraba un ajuste de las tarifas, así como acciones regulatorias adicionales. El informe destacó también la posibilidad de unir esfuerzos entre las carteras, la Creg, los acreedores e inversionistas para conseguir recursos, y la necesidad de determinar el tratamiento más adecuado para el pasivo pensional. Entre la propuesta para conseguir un nuevo operador estaba la venta de activos, capitalización con un nuevo inversionista o la división de la compañía.