La deuda será una de las principales temáticas en la discusión del Presupuesto de 2026

A pesar de las discusiones clave en torno a la política de presupuesto público, pronto comenzará el debate del Presupuesto General de la Nación, PGN para 2026. En abril de este año, se publicó lo que se conoce como el anteproyecto de la iniciativa, pero será hasta finales de julio cuando se conozca el texto definitivo y se radique en el Congreso.

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Entre los exministros de Hacienda, responsables en su momento de dirigir la política macroeconómica, las opiniones están divididas. Algunos consideran que el pago de la deuda será la prioridad en 2026, mientras que otros argumentan que la suspensión de la regla fiscal se implementó para disponer de más de $240 billones adicionales en caja, permitiendo así un mayor gasto público.

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Aunque el anteproyecto será próximamente radicado, se conoce que el presupuesto proyectado para 2026 sería de $521,2 billones, cifra inferior al PGN presentado para 2025, que fue de $523 billones, pero que estaba desfinanciado en $12 billones que se buscarían con una reforma tributaria que terminó hundiéndose en el Congreso.

Un análisis del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, con base en cifras del Ministerio de Hacienda, señaló que sectores como inclusión social y reconciliación, minas y energía, educación, agricultura, igualdad y equidad serían los que registrarían los mayores descensos en inversión pública, es decir, son las áreas sacrificadas para el año que viene.

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Esto guarda relación con un punto de consenso entre los exministros consultados; todos prevén un aumento en la deuda y en el gasto para su pago, mientras que los recursos para la inversión serían los principales afectados. Este escenario resulta problemático; ya que, el pago de la deuda no genera crecimiento económico, mientras que la inversión en infraestructura, vivienda y educación sí lo hace, y justamente esos serían los rubros que se recortarían.

“La previsión está en que mientras la inversión de 2025 se proyectó en $81 billones, la siguiente está proyectada en $59 billones. Esto es lo que podría ir, salvo que el Ministerio haya encontrado fuentes adicionales o que el presupuesto se vaya desfinanciado”, dijo el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Expresó que la inversión también presenta inflexibilidades, por ejemplo, en lo relacionado con vigencias futuras. Por esta razón, el sector transporte es uno de los menos impactados. Según lo manifestó, la suspensión de la regla fiscal se implementó con el objetivo de “ajustar las cuentas”, y también, adquirir más deuda para, a su vez, pagar deuda existente.

Añadió que el crecimiento registrado durante 2021 y 2022 fue impulsado principalmente por endeudamiento, y que ese es el pasivo que actualmente se está cancelando.

Pero el también exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, manifestó que la suspensión de la regla fiscal se adoptó con el fin de gastar más y ampliar el margen de endeudamiento público.

Explicó que, entre 2025 y 2026, se busca contar con esos $240 billones adicionales para cubrir compromisos, incluyendo el costo que ha representado para el Gobierno la incertidumbre económica.

Advirtió que los intereses de la deuda pública se han incrementado en casi 50%, como consecuencia de la “desconfianza” que ha generado el Gobierno. De esta forma, lo que se proyecta para 2026 es más deuda, sea para pagar la anterior o cubrir más gastos del Ejecutivo.

“Se espera que el Gobierno haga esfuerzos por cumplir con los límites de gasto. Lo más importante es que se realice un ajuste en el presupuesto, particularmente en gastos de funcionamiento”, concluyó el académico y exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.