“La corrupción genera todos los problemas sociales”

Varios de los problemas del país pasan por las manos de la Defensoría del Pueblo, que debe supervisar el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos. El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dialogó en Inside LR y habló sobre corrupción, salud y consultas populares, entre otros temas que le competen.

Ustedes se han pronunciado sobre los efectos de la corrupción, ¿qué se concluyó?

La corrupción es una violación a los derechos humanos y debemos combatirla y la única manera es con transparencia y es lo que esperamos que exista en Colombia. Cuando hay corrupción se derivan todos los problemas sociales.

¿Cómo ven la crisis que vive actualmente la justicia?

Es muy grave, hay que tomar todas las herramientas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones debe llevar esos procesos para tener la claridad para ver hacia dónde vamos.

¿Tocamos fondo?

Creo que sí. No es nada halagador cuando capturan un expresidente de una Corte Suprema, pero los sindicados deberán defenderse, nadie conoce el expediente de los imputados en estos procesos, cada uno tendrá que defenderse y será la justicia la que decida si hay culpables o no.

¿Cómo es el presupuesto de la entidad?

Este año el presupuesto fue de $509.000 millones, de los cuales $213.000 millones se fueron en defensa, $33.000 millones en inversión, $18.000 millones en gastos generales, $183.000 millones en servicios personales y $60.000 millones en el fondo de defensa.

¿Alcanza el presupuesto?

Nunca nos alcanza la plata, pero la que tenemos nos alcanza para llegar a las regiones, hacemos labor en campo con los defensores comunitarios y los analistas de alertas tempranas, que es lo que nos permite análisis de riesgo.

¿Van a tener recortes con el presupuesto de 2018?

No tenemos ningún recorte, hemos hecho un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Hacienda y el Congreso, lo que sí hemos estado es muy activos en el exterior presentado proyectos a las organizaciones. El gobierno chino nos va a dar infraestructura en carros y lanchas, para las zonas donde hay ríos y no tenemos la infraestructura. Esperamos en 2018 tener toda la movilidad. Seremos defensores en las regiones y no en las ciudades.

¿Cuántos defensores tiene la entidad?

En la Defensoría tenemos 4.200 defensores públicos y en este momento con la Fiscalía vamos a hacer una contratación de brigadas de tres meses para descongestionar juzgados. Abrimos una convocatoria para 400 abogados litigantes en materia penal, se presentaron 2.500 personas y estamos en las entrevistas. Debe arrancar el 10 de octubre.

¿Las consultas populares pueden afectar la inversión?

Necesitamos decirnos las verdades. Los campesinos, las comunidades y empresarios, necesitamos normas claras que nos permitan definir el respeto del medio ambiente, pero también necesitamos la inversión. A este país le falta diálogo. Creo que se debe evaluar lo importante, si la explotación minera o el agua, no se pueden seguir expidiendo títulos mineros sin conocer el sitio ni las problemáticas. Hubo una proliferación de títulos y no se habló con las comunidades.

¿Deben temerle las empresas a las consultas?

Creo que no le temen a la consulta, creo que les preocupa el manejo de las consultas, nadie puede estar en desacuerdo que se le consulte al pueblo, antes la región no podía hablar, ahora sí y necesitamos el diálogo entre las empresas y las comunidades.

¿Se les está cumpliendo a las víctimas con el proceso de paz?

No se les está cumpliendo a las víctimas y tenemos que decirles si lo vamos a hacer o no. Hay que decirles cuándo vamos a cumplir o si habrá más impuestos. Hay que buscar alternativas para llegar a las víctimas, con colegios, con vías, con agua o energía. De alguna manera el Estado tiene que reparar a las víctimas.

¿Cuáles son los hallazgos de la crisis de la salud?

Estábamos muy preocupados con la llegada de Medimás. Visitamos toda la red y encontramos que no está funcionando. Estamos en una mesa de seguimiento para que funcione, porque hay 5,5 millones de usuarios.

¿Y si no funciona?

Si eso no funciona el Gobierno deberá garantizar que si nos cumple, la gente pueda cambiar a otras EPS que sí cumplan. No tenemos por qué permanecer en una EPS que no funciona.