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Frank Pearl, presidente de la ACP, en Inside LR
Desde el pasado 6 de mayo se han registrado acciones ilegales en la zona, como bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y afectaciones directas a las operaciones
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, rechazó los actos violentos ocurridos ayer en el campo Quifa, jurisdicción de la vereda Puerto Triunfo de Puerto Gaitán (Meta), donde un grupo de personas había ingresado de forma ilegal a las instalaciones del clúster 242.
Este hecho ocasionó un incendio que representó una amenaza directa para el bienestar de las comunidades, la integridad de los trabajadores, la estabilidad regional y la infraestructura energética del país.
"Estos hechos son acciones deliberadas y criminales que vulneran el orden público, ponen en riesgo la vida de las personas y afectan gravemente el desarrollo regional. Este tipo de actos deben diferenciarse con claridad del ejercicio de protesta social, de expresiones ciudadanas pacíficas, que hacen parte de una democracia plural y deben ser canalizadas a través del diálogo institucional", señalaron desde la ACP.
Desde el pasado 6 de mayo se han registrado acciones ilegales en la zona, como bloqueos de vías, ataques a la Fuerza Pública y afectaciones directas a las operaciones, con consecuencias negativas para la cotidianidad de las comunidades, el empleo local, la inversión social y el bienestar colectivo.
Desde la ACP expresaron su solidaridad con las comunidades, los trabajadores y las empresas que hoy enfrentan esta crisis de seguridad. Insistieron en el diálogo como vía legítima para construir soluciones e hicieron un llamado a las autoridades competentes para que actúen con celeridad y determinación, garantizando el restablecimiento del orden público, la protección a los derechos humanos y la infraestructura crítica.
Reiteraron también la necesidad de rechazar cualquier forma de violencia o presión ilegítima como mecanismo de interlocución, y de avanzar con rigor en las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.
Agregaron que otras situaciones similares se han presentado en departamentos como Sucre y Arauca, lo que evidencia un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad y orden público en varias regiones del país. "Esta situación exige una atención urgente y articulada por parte del Gobierno nacional y de las autoridades competentes", señalaron.
El gremio insistió en que el desarrollo sostenible de las regiones requiere entornos seguros, institucionalidad fortalecida y una cooperación entre el Estado, las comunidades y el sector empresarial.
Desde la cartera de Minas y Energía, junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, también rechazaron los actos vandálicos contra bienes materiales de Frontera Energy, incluyendo la incineración de un contenedor perteneciente a la empresa contratista, sin que se reporten personas lesionadas.
"El Gobierno Nacional rechaza cualquier acto que atente contra la seguridad de las personas y las instalaciones, e insiste en la importancia de resolver las diferencias mediante el diálogo y los canales institucionales establecidos. Espacio de diálogo que se había concertado con la comunidad para el día 13 de mayo, a las 10:00 a.m., en el Ranchón Majaguillal, en el municipio de Puerto Gaitán", agregaron desde el Ministerio.
Aclararon que continuarán trabajando de manera articulada con las autoridades locales y los actores involucrados, para garantizar la seguridad y la protección de todas las personas de la zona.
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