Juegos de azar e inversiones forzosas, los nuevos impuestos de la emergencia económica del Gobierno Nacional

Durante el consejo de ministros realizado ayer, el Gobierno reveló nuevos detalles de los impuestos que contempla el decreto de emergencia económica para atender los daños causados por las lluvias.

Estas medidas, que regirán inicialmente por 30 días, se enfocan en aumentar el recaudo a través de tributos dirigidos principalmente a las grandes empresas, ajustes en sectores específicos como los juegos de azar y la implementación de inversiones forzosas al sistema financiero.

El presidente Gustavo Petro explicó que el eje central de la estrategia fiscal será un impuesto temporal al patrimonio de las compañías con mayor capacidad económica, según indicó, solo estarán obligadas a tributar las empresas con patrimonios superiores a $10.000 millones, dejando por fuera a micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló que el gravamen se aplicará con tarifas diferenciadas, 0,6% para compañías con patrimonios netos superiores a $10.000 millones y 1,2% para aquellas que superen $31.000 millones.

Es decir, el rango corresponde aproximadamente entre 200.000 y 600.000 UVT, lo que concentraría la carga en unas 15.000 de las firmas más grandes del país.

El mandatario aseguró que la medida busca recaer sobre los mayores capitales empresariales, incluyendo bancos y multinacionales. Además, Petro recordó que en administraciones pasadas también se aplicaron tributos extraordinarios en contextos de calamidad pública, incluso con tarifas cercanas a 4,8%; señaló que las grandes compañías presentan una tasa efectiva de tributación inferior en cerca de 7% frente a otros sectores, lo que justificó el enfoque de la medida.

Por otro lado, dentro de las cargas fiscales también se contemplan ajustes adicionales al impuesto al patrimonio de personas jurídicas y un incremento en el impuesto a los dividendos de grandes empresas.

Otro de los ejes centrales de la emergencia económica será la expedición de decretos de inversión forzosa para el sistema financiero, este mecanismo obligaría a los bancos a destinar un porcentaje de los recursos captados del público hacia sectores productivos específicos, tanto urbanos como rurales, mediante instrumentos financieros que permitan canalizar crédito hacia actividades con bajo acceso a financiamiento.