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De acuerdo con el informe publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), de ejecutarse las cuatro propuestas generales y ocho sectoriales que plantean, se lograría reducir el déficit de calidad de vida en hasta 8% en los próximos 20 años.
La creación de un programa para eliminar el analfabetismo, la definición de un plan maestro de infraestructura rural para la construcción de megacolegios y la adopción de modelos de educación flexibles, así como la profundización del subsidio de vivienda de interés social y la implementación de políticas para el suministro de agua, hacen parte de las estrategias globales que plantea el equipo de expertos dirigido por José Antonio Ocampo en la segunda de seis estrategias que entregará la Misión, titulada ‘Cierre de brechas sociales con enfoque de derechos’.
Las proyecciones que elaboró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para la Misión revelan que los costos para cerrar la brecha de bienes de interés social en las zonas rurales suman en educación, vivienda, agua, saneamiento básico, primera infancia y adulto mayor $2,9 billones anuales adicionales en promedio durante el periodo 2016-2020 y aumentan hasta 2035 a $6,1 billones. “Esto representa una inversión promedio anual equivalente a 0,6% del PIB 2014”, cita el documento.
El director del DNP, Simón Gaviria, dijo previo a la presentación de esta estrategia, en el marco de la inauguración del centro de investigación de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), Obonuco en Pasto, que “el enfoque del ejercicio parte del reconocimiento de que la política pública nacional ha mantenido un sesgo que ha hecho crecer las brechas urbano - rurales dejando a los habitantes del campo rezagados en su desarrollo”.
La Misión asegura que la educación es la dimensión que exigiría mayores recursos ($2,9 billones), más en gestión que en infraestructura en sí misma, para que en 20 años la formación media pase de 25% a 100% de cobertura. En esta materia ya se han adoptado algunos compromisos. De hecho, a finales de enero el presidente Juan Manuel Santos, anunció que se implementará el esquema de educación rural que le permitió a Francia brindar formación superior a su población.
Vivienda sería la segunda prioridad en materia de inversión con una participación de 37% (equivalente a $2,1 billones) para alcanzar cobertura total, con lo que quedaría atrás el déficit actual de 56,7%. Además, los hogares con servicio de acueducto pasarán de 53,3% a 70%.
Sin embargo, el economista de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, considera poco probable que se logren esos niveles de gasto público “porque hay otro tipo de inversiones que le compiten, como los subsidios que también llegan al campo”.
Finalmente, el informe advierte que financiar la inversión social adicional (0,6% del PIB promedio anual) para el cierre de brechas “requiere de ajustes en las fuentes de financiación actuales y nuevos instrumentos”, comenzando por el Sistema General de Participaciones (SGP), que deberá colocar 35% del total requerido “con un criterio de ruralidad más progresivo”.
Desafíos que debe asumir la nueva política pública
El documento marco de la Misión para la Transformación del Campo resalta la necesidad de buscar la inclusión, tanto social como productiva como vía para el desarrollo rural. El diagnóstico actual muestra como los pobladores rurales presentan una alta incidencia de pobreza (45,9% según el índice multidimensional) y de pobreza extrema (24%). Estos y otros indicadores que dan cuenta de la magnitud del problema serán la base para el diseño de política pública, que incluirá articulación entre las entidades del Estado, nuevos programas sociales, mayores inversiones, mejores mecanismos de subsidios, alternativas flexibles y modificación de las estructuras organizacionales.
Las opiniones
José Antonio Ocampo
Director de la Misión Rural
“La inclusión social de los pobladores del campo debe darse a través de la provisión de bienes públicos y modelos de intervención que respondan a las necesidades rurales”.
Jorge Restrepo
Economista de la Universidad Javeriana
“Invertir $4,2 billones al año es fiscalmente viable, pero a menos de que se reduzcan los subsidios, que además tienen poder de cabildeo, veo difícil ese incremento en el gasto”.
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