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El contrabando le resta $8 billones al fisco, pero en la economía puede mover mercancías por más de $32 billones
El gobierno, en representación de la Dian, impulsan el proyecto de ley del nuevo régimen sancionatorio aduanero como medida contra el contrabando. Carlos Emilio Betancourt, director general de dicha entidad, comentó que la Nación deja de percibir $8 billones por esta problemática.
Al hablar de contrabando, es importante tener en cuenta tres niveles. El primero es una estimación de cuánto vale el contrabando, existe un método llamado metodología espejo, que es donde Colombia le pregunta a sus clientes internacionales- sobre lo exportado e importado y sus valores para compararlos con las declaratorias.
Así las cosas, puede rondar US$8.000 millones, unos $32 billones calculados a grandes rasgos, utilizando esta metodología. Lo segundo es cuánto se deja de recaudar debido a la acción del contrabando, mercancía que ingresa de forma prohibida porque no pagan impuestos o que ingresan bajo subpartidas arancelarias que no deberían usarse, sino con otras que implican un arancel menor. Por concepto de IVA a las importaciones y aranceles se dejan de recaudar $8 billones.
Este nuevo régimen sancionatorio aduanero avanza, antes que nada, en la simplificación. De 357 sanciones, se reduce a 235. Las multas ahora son muy proporcionales y ponen un énfasis muy importante en diferenciar un error formal de una conducta que es gravemente dolosa.
También simplifica los procedimientos; se eliminaron cinco procedimientos que eran problemáticos, lo que facilita la aplicación de todo el régimen de sanciones, y genera nuevas causales de reducción o exoneración. Es decir, cuando el usuario aduanero demuestre la debida diligencia, la aplicación de las sanciones será un poco más leve.
Se encuentra en trámite en el Congreso, donde ya tuvimos una primera votación unánime en primer debate y estamos esperando una citación para la Comisión Segunda del Senado para dar el debate allí.
La Corte Constitucional fue insistente al señalar en que el 20 de junio era la fecha límite para presentar el nuevo régimen sancionatorio aduanero a manera de ley, pues existe un régimen vigente otorgado por el Decreto Ley 920. Este régimen ha sido adoptado por decretos, lo que significa que era una prerrogativa del poder ejecutivo.
Nos estamos quedando sin tiempo porque no es solo el proceso legislativo, sino que después viene la promulgación presidencial, la revisión por parte de la oficina jurídica de la Presidencia y la firma del presidente, así que nos estamos apresurando.
Antes de conseguir la votación unánime, hubo un proceso de consenso muy importante donde se convocó al sector privado, a Analdex y a otros gremios y realizamos con ellos 39 mesas técnicas para discutir cada punto en detalle hasta que logramos un consenso en los 114 artículos que contiene el proyecto de ley. Había un consenso inicial de menos de 70% y finalmente llegamos a un consenso de 100%, lo cual es un hito en este tipo de negociaciones.
“La iniciativa impone sanciones por incumplir las normas en materia de salida y entrada de mercancías y establece el régimen de aprehensiones y decomisos”.
Si no tenemos una ley sancionatoria antes del 20 de junio, desde el 21 de julio no podremos aprehender mercancías en los puertos y aeropuertos, no podremos aplicar sanciones aduaneras, tendremos que devolver dinero de multas y sanciones, y se caerán una serie de procesos complicados, lo que significa el cese del ejercicio de la autoridad aduanera.
A finales de mayo de 2025, en la comparación año corrido se habían recaudado $127,3 billones en recaudo bruto. En el mismo periodo de 2026 se han recaudado casi $139 billones; es un incremento de 9%. En cuanto al recaudo neto, fue de $116,4 billones el año pasado y ahora es de $128.4 billones, para un alza de 10,5%.
La recaudación del impuesto sobre la renta representa más de la mitad de la recaudación y el IVA representa un poco menos, pero son impuestos que dependen fundamentalmente de la economía.
Con el Decreto 240 sobre el impuesto al patrimonio, se recaudaron 5$5,2 billones, lo que eleva la recaudación bruta acumulada a $143.9 billones y la neta a $133 billones. Por alivios tributarios, se recaudaron $2.7 billones.
Colombia es un país pionero. El país más importante, o el país a mostrar respecto a los métodos de facturación electrónica, es Chile, y luego viene Colombia. Incluso el sistema de facturación electrónica está sirviendo como modelo para la adopción del sistema de facturación electrónica en España, que todavía no tiene eso. Por lo tanto, en general, es una medida exitosa en el país. El número de facturadores electrónicos en Colombia es de 1,7 millones actualmente.
Es bien recibido. En realidad, no se necesitan grandes características técnicas. En los sectores no formales, todavía queda camino por avanzar al respecto, pero creo que es una percepción bastante generalizada que vale la pena.
Sin embargo, los comercios todavía preguntan, “¿quiere la factura electrónica?”, pero en realidad los comercios no deberían preguntar eso, sino aplicar la facturación electrónica inmediatamente sin tener que preguntarle al cliente.
En impuesto sobre la renta a personas jurídicas, a mayo de 2026, tenemos una recaudación de casi $12 billones aunque es necesario hacer un comentario respecto. Tenemos una situación compleja allí por la caída en la recaudación asociada con algunas exenciones que provienen de una ley de exenciones del gobierno pasado con las sociedades holding nacionales que tienen inversiones en el exterior y cuando se liquidan esos dividendos no pagan impuestos, están exentas.
Eso puede representar una pérdida de más de $6 billones con respecto a las personas jurídicas. Sobre el recaudo a personas naturales, a dos meses del inicio del calendario tributario, tenemos expectativas positivas aunque aún no hay un desglose al respecto.
Sacar adelante el nuevo régimen sancionatorio aduanero, mantener la lucha contra el contrabando y hallar nuevas formas de ingresos a través de reformas fiscales. Otro factor relevante es el avance tecnológico.
En menos de dos años, la Dian tendrá un cambio tecnológico mucho más fuerte. Vamos a dejar listo un sistema de seguridad sofisticado y tecnológicamente muy avanzado sistema de selectividad aduanera que mejorará significativamente las posibilidades de inspección en zona primaria a través de un centro con seguridad física e informática.
Carlos Emilio Betancourt es economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Economía, del Convenio BID en el Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina.
Es experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos y se ha desempeñado como viceministro general del Ministerio de Hacienda, superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, director de Economía y Finanzas Distritales en la Contraloría de Bogotá y jefe de la división de estudios de la Finanzas Públicas de la Contraloría General.
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