domingo, 6 de octubre de 2013
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Merian Araujo - maraujo@larepublica.com.co

Próximo a definir sus aspiraciones reeleccionistas, el presidente Juan Manuel Santos ha enfocado sus esfuerzos en reformar su gabinete ministerial en tres ocasiones para alcanzar la paz y dar la pelea por un nuevo mandato.

Pero las inhabilidades e incompatibilidades que rondan a sus actuales jefes de cartera ponen en entredicho la capacidad de gestión y participación de varios ministros en la campaña.  

El tema ha cobrado relevancia por estos días debido a la llegada de Amylkar Acosta al Ministerio de Minas y Energía y de Rubén Lizarralde a la cartera de Agricultura. Desde allí, ha surgido el debate sobre los casos en los que un ministro debe declararse impedido para pronunciarse sobre algunos temas o ejercer ciertas funciones públicas.  

Por supuesto, en el Congreso ya han empezado a manifestar su preocupación porque los jefes de las carteras se han dedicado “la mitad del tiempo a defenderse y no a ejercer sus funciones”, según un representante a la Cámara.

Ante este panorama la oposición ha recordado que, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), un trabajador público no podrá ejercer su cargo o referirse a ciertos temas en caso de “haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición” (Inciso 6, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011). 

Bajo este argumento, parlamentarios como Wilson Arias y Jorge Enrique Robledo han denunciado inhabilidades de Lizarralde. En específico, por haber sido gerente o representante legal de entidades como Indupalma, Inducaucho, Agroindustriales El Palmar, entre otros. Los congresistas han pedido al Ministro que se declare impedido ante temas como el régimen legal de tierras baldías, política de crédito agropecuario, incentivo a la Capitalización Rural y la política del agrodiésel. 

A esto se suma que, por inhabilidad por parentesco, Lizarralde debería declararse impedido en los temas de política cauchera, pues su hijo, Santiago Lizarralde, es accionista de la sociedad Grupo TRS, quien “compró un predio en Vichada para montar un proyecto de caucho”,  según afirman los congresistas. 

No desde muy lejos, también preocupa la posición de Acosta, quien ya se declaró impedido frente a los temas relacionados con biocombustibles, por haber hecho parte de la junta directiva de Fedebiocombustibles, y se le limitó para pronunciarse frente a lo relacionado con Isagen, pues se opuso a su venta antes de ser Ministro. 

Sin embargo, el principal debate aún está por hacerse y será sobre lo referente a hidrocarburos, ya que Acosta también estuvo en la junta directiva de Ecopetrol. De hecho, este asumió como ministro cuando aún estaba vinculado a la entidad. 

Y como si fuera poco, no hay que olvidar que al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, también le han pedido que se aparte del debate de la Reforma a la Salud, ya que hacía parte de la junta directiva de Bancolombia, que a su vez pertenece al Grupo Empresarial Antioqueño. Dicha holding, incluye negocios de aseguramiento en salud a través de EPS-Sura y Sura Medicina Prepagada. 

¿Totalmente inhabilitados?
Uno de los interrogantes que generan los impedimentos es qué tan habilitados están los ministros para ejercer sus cargos si no pueden pronunciarse frente a  temas claves de cada cartera.  

Por ejemplo, ¿qué haría un Minagricultura que no pueda decidir sobre distribución de suelos o créditos agropecuarios? O, ¿qué tareas le quedarán al Minminas si no puede ejercer temas referentes a los hidrocarburos?

Al parecer, a Santos no le quedaría otro camino más que “cambiar de ministros, eventualmente, porque estos no podrán manejar más de 40% de la cartera”, sostuvo Raúl Escobar, abogado y administrador público, quien se ha desempeñado como asesor de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). 

Gabinete de impedidos
Más allá de Minas y Agricultura, el gabinete ministerial ha dado de qué hablar en materia de impedimentos. Por ejemplo, algunos de los más implicados ha sido las carteras de Trabajo, Transporte y Comercio. Principalmente, los temas tienen que ver con la vinculación a empresas relacionadas o la participación de familiares, o algún otro allegado, a entidades del sector. Un ejemplo que se podría mencionar es el caso en el que Rafael Pardo estuvo impedido para solucionar el conflicto laboral del Club Payandé, porque era socio de este. 

Por su parte, aunque los ministros de Hacienda, Vivienda y Ambiente se salvan de estos impedimentos, sus antecesores sí estuvieron salpicados cuando ejercieron su cargo. Uno de los más recordados es el de Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, quien se declaró impedido ante el caso de Interbolsa. Y es que antes de conocerse el descalabro de la empresa, el Ministro hizo parte de la junta directiva de la organización.

El debate entre eficiencia y transparencia
Cada vez que un ministro se declara impedido frente a un tema es obligación del Gobierno establecer a un ministro ad-hoc para cumplir con sus funciones. No obstante, un interrogante es qué tanta competencia tiene otro ejecutivo para tratar dichos asuntos. Y es que, como señala Laura Wills, directora de Congreso Visible, si un ministro ad-hoc no tiene conocimiento en el tema puede retrasar los procesos. Pese a esto, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señala que la transparencia prima frente a la eficiencia de contratación. 

Las opiniones

Luis Felipe Henao
Ministro de Vivienda
“Hay conflicto de dos intereses jurídico: la eficiencia en la contratación contra la transparencia. Es mejor no sacrificar la transparencia”. 

Raúl Escobar
Abogado y administrador público
“Yo creo que el Presidente va a cambiar de ministros,  eventualmente, porque estos no podrán manejar más de un 40% de la cartera”. 

Laura Wills
Directora de Congreso Visible
“En los casos en los que no hay competencia de conocimiento, es arriesgada la delegación. Eso puede paralizar los avances de la discusión”.