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La cifras que reveló recientemente la contralora Sandra Morelli, que en Colombia el 42% de la contratación pública está en manos de sólo 60 firmas, avivó los ánimos de ingenieros contratistas y propietarios de medianas y pequeñas empresas, que ya venían denunciando que a través de las llamadas licitaciones ‘sastre’ se está limitando la participación de firmas ingenieriles locales en las licitaciones públicas nacionales, departamentales y municipales.
Éstas, señalan, quedan en manos de grandes compañías, muchas de ellas extranjeras. Ayer empezó en varias capitales del país una firmatón, que se extenderá hasta el 6 de agosto, con el fin de respaldar una carta que los ingenieros, concentrados en un colectivo que denominaron ‘Ingenieros Indignados’ le enviarán al presidente Juan Manuel Santos, en la cual le expresarán su inconformidad. La principal queja es que las exigencias en términos técnicos y financieros, para obras no complejas, son tan altos que sólo pueden cumplirlas ciertas firmas. “Eso ha llevado a que muchas pequeñas empresas antes contratistas del Estado estén quietas. Algunas han despedido gente y otras han cerrado”, dijo Carlos Alfredo Crosthwait, miembro de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, quien dijo que no se sienten representados en la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Es la cifra más alta en los últimos tres años, luego de que en 2023 se registraran 10,49 millones y el año pasado 10,15 millones
En cuanto a la propuesta del Gobierno, el ministro de Trabajo señaló que van a esperar “al momento adecuado” para presentar una cifra
En cuanto a los sectores con más recursos, estos son movilidad con $9,2 billones (22,7%) y educación con $9,1 billones (22,5%)
