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El objetivo de la sesión es votar las ponencias, si ninguna es aceptada, se entenderá que el Presupuesto va por decreto, es decir, habrá dictadura fiscal
Hoy se define el rumbo de la política fiscal para 2026. El 23 de septiembre comenzaron a radicarse las ponencias para adelantar el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2026 en el Congreso. Lo anterior es clave porque es lo que permite dar paso al primer debate, y de esa manera, continuar con el proceso y así evitar que el Presupuesto salga por decreto y no por consenso con el Congreso.
El objetivo de la sesión será votar las ponencias, si ninguna es aceptada, se entenderá que el Presupuesto va por decreto, es decir, habrá dictadura fiscal. Si una de las tres ponencias es aprobada, esta seguiría el trámite legislativo.
La ponencia que propone un monto de $556,9 billones fue radicada por los congresistas Jairo Cala, Tamar Argote, Gildardo Silva y Aida Avella, pertenecientes al Pacto Histórico o a Comunes. Esta se denominó como la ponencia mayoritaria, y es la que es afín con el monto que planteó el Gobierno desde el comienzo.
Pero también se radicaron dos ponencias que tendrían el objetivo de reducir el monto. Una de ellas fue presentada por Olga Lucía Velázquez, quien pertenece a la Alianza Verde y es una de las congresistas con las que el Gobierno ha mostrado mayor disposición a la creación de acuerdos.
La ponencia de Velázquez es la denominada como alternativa, y va por un monto de $546,9 billones. Esta cifra significa un recorte de $10 billones a la iniciativa planteada inicialmente por el Gobierno y va en el sentido de lo que propuso al Congreso el ministro de Hacienda, Germán Ávila; es decir, recortar $10 billones del presupuesto de 2026, sacrificando estos recursos de la reforma tributaria, que ya no ascendería a $26,3 billones, sino a $16,3 billones.
En la ponencia presentada por Velázquez se señaló que la evolución de la deuda neta ha incrementado entre 2014 y 2024.
También se indicó que, acogiendo la propuesta de Ávila en la reducción del monto, se avanza en la consolidación de un plan consensuado con la finalidad de cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). A ello se añadió que esto permite una mayor participación del legislativo en la incorporación de modificaciones ya discutidas, es decir, debatir las partidas presupuestales para sectores como deporte, comercio, tecnología de la información y las comunicaciones, agricultura, entre otros.
El Centro Democrático también radicó su propuesta por $530,6 billones, cifra inferior en $26,3 billones, es decir, el monto de la reforma tributaria.
El ponente fue Carlos Osorio. Según la ponencia, el presupuesto estaría sobreestimado en $78,1 billones, pero aun así el Gobierno plantea $556,9. Sin embargo, al depurar esta cifra, quedarían alrededor de $478,8 billones.
En el documento se señaló que los ingresos corrientes están sobreestimados y que estarían proyectados en $303,1 billones, pero la realidad es que estos llegarían a $260 billones. También se indicó que, para 2025, los ingresos corrientes se calcularon en $305,7 billones.
Se expresó que el presupuesto incluyó $12 billones en una ley de financiamiento de 2025 que no fue aprobada, y que también hay unos recursos extras por $2,7 billones que serían para la región del Catatumbo, pero que no existen para 2026. Además, se señaló que hay una nueva ley de financiamiento para 2026 que suma $26,3 billones.
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