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Dentro de la propuesta del Gobierno Nacional se contempla la posibilidad de aplicar una exención en renta de máximo 10%
Según cifras de la Dian, la Nación dejó de recibir $42,3 billones en 2019 debido a la evasión de impuestos. De ellos, $20,7 billones fueron por cuenta del impuesto sobre las ventas (IVA) y $21,6 billones del total por renta a personas jurídicas.
En este orden de ideas, una de las aristas dentro de la reforma tributaria es fortalecer el uso de la facturación electrónica, por lo que dentro de la propuesta del Gobierno Nacional se contempla la posibilidad de aplicar una exención de renta en cédula general y en pensiones a las personas naturales que consuman bienes y servicios que estén soportados con factura electrónica.
Según lo explicó el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, la exención sería aplicable en los años gravables 2022 y 2023.
En específico, los contribuyentes que tengan ingresos brutos menores o iguales a $5,7 millones mensuales podrán deducir hasta 10% de su renta líquida del pago del impuesto de renta. Mientras que la deducción sería de 5% para quienes devenguen entre $5,7 millones y $10,5 millones; y de 3% para los salarios de más de $10,5 millones.
Según la cartera de Hacienda, esta medida funcionaría como un mecanismo antievasión para incentivar la formalización tributaria, pues los contribuyentes tendrían que presentar facturas electrónicas que avalen los pagos de IVA.
“Si bien la factura electrónica ha sido muy exitosa, tenemos todavía dificultades y tenemos todavía espacio para ganar. (...) Incentivamos o damos ese premio al uso de las facturas electrónicas, tanto desde la oferta como desde la demanda”, explicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla en un foro organizado hace unos días por Anif.
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