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Gremio de vigilancia aclaró que sus tarifas están indexadas al salario mínimo
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Las empresas de seguridad privada afirmaron que fijar sus precios con el IPC o según la ley de oferta y demanda sería ir contra la ley
Antes las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre que las empresas de seguridad privada 'ganan el doble por cada vigilante', los principales integrantes del gremio aclararon que la tarifa mínima del sector no se definen de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, ni por la ley de la oferta y la demanda, sino que está indexada directamente al salario mínimo.
Las empresas rechazaron el mensaje del jefe de Estado, en el que instó a las asambleas de copropietarios a tomar el IPC como base y desacatar ajustes del servicio atados al mínimo, pues aseguraron que "estas afirmaciones inducen al error porque parten de una premisa equivocada: en Colombia, la tarifa del servicio de vigilancia y seguridad privada no es libre".
El gremio trajo a colación los Decretos 356 de 1994, 73 de 2002, 4950 de 2007 y 1561 de 2022 e indicó que sostener que la vigilancia puede ajustarse con el IPC y no con el mínimo "es jurídicamente incorrecto", debido a que la ley fija los estándares mínimos que debe soportar el sector y exige que "el precio permita cubrir salario mínimo, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, auxilio de transporte, prestaciones sociales, además de dotación, supervisión y costos operativos inherentes".
En razón de eso, las empresas afirmaron que la tarifa está indexada al mínimo, con el objetivo de impedir que el servicio se sostenga recortando algunos derechos al personal operativo o degradando el servicio. "Esta tarifa no tiene un margen libre ni discrecional: es una tarifa mínima obligatoria, definida oficialmente por la Superintendencia", agregó.
Enfatizaron en que el pronunciamiento del Presidente sobre 'ganarle el doble a cada vigilante' es una generalización sin sustento técnico e induce al error porque "se trata de un sector intensivo en mano de obra: emplea a cerca de 400.000 personas formalmente y, en promedio, los costos laborales representan cerca de 85% del valor total del servicio".
Además, recalcó que los márgenes de utilidad del sector no superan 4% y hacer señalamientos generalizados sobre esta información solo alimenta una discusión basa en supuestos. "Este tipo de mensajes no solo confunde a la opinión pública y a los usuarios; también deja instalada la idea, equivocada e injusta, de que las empresas formales que aplican la tarifa conforme a la ley se están enriqueciendo de manera desmedida a costa de los trabajadores".
El gremio también detalló que contratar por debajo del mínimo constituye un riesgo importante y ofertar el servicio con tarifas menores a las establecidas no es un 'descuento comercial', sino un indicio de que se están incumpliendo los estándares de costos exigidos por la ley.
"Por eso, promover que se 'rechacen' esos ajustes no protege a nadie: empuja al mercado hacia la ilegalidad, facilita la evasión de obligaciones, la contratación irregular y la operación de empresas no habilitadas, afectando directamente la seguridad de hogares, conjuntos residenciales y comercios", recalcó.
En concordancia con todo eso, el sector recordó que es vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo que deben acatar todas las directrices, incluyendo la de fijar la tarifa con el aumento del mínimo, pues "de no hacerlo, nuestras empresas se ven abocadas a sanciones económicas que pueden llegar a la cancelación de licencias de funcionamiento".
Asimismo, especificó que las asambleas de copropietarios son las encargadas de definir el presupuesto, pero no están habilitadas para votar para desconocer la ley y acordar el incumplimiento de un marco regulado. "La vía responsable es exigir legalidad y optimización sin precarización laboral", añadió.
En razón del debate, el gremio hizo un llamado a la responsabilidad institucional y a debatir sobre el costo del servicio de seguridad privada con rigor técnico y respetando los marcos establecidos. "Finalmente, solicitamos a la Supervigilancia aclarar ante nuestros usuarios cómo debe quedar la tarifa mínima de nuestros servicios para 2026, pues la ciudadanía merece estar orientada como debe ser".
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