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La creación de un fondo de tierras para la paz, con el que se pretende que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, así como la formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en el país acompañada de un estímulo a la producción agropecuaria; resumen los puntos de partida del acuerdo sobre el tema agrario que anunciaron ayer el Gobierno Nacional y las Farc.
Las partes coincidieron en que el desarrollo rural integral deberá estar centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza y la reactivación de la economía del campo para así poder reafirmar la dignidad de la familia campesina.
“Este acuerdo supera la visión tradicional de una reforma agraria y pretende crear cambios reales para cerrar la brecha entre el país rural y el urbano”, señaló Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno.
Esto supone para el Estado el desarrollo de políticas en salud, educación, vivienda, asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y comercialización, formalización laboral y políticas alimentarias y nutricionales.
Para lograr dicho objetivo el Censo Nacional Agropecuario que arrancará este año y estará a cargo del Dane, cobrará relevancia, pues éste será el comienzo de una actualización estadística del sector rural , que servirá de base para la formulación y aplicación de las políticas públicas para el sector agropecuario en los próximos años.
La evaluación estadística incluirá 3,8 millones de predios rurales existentes, localizados en 1.101 municipios, 20 áreas no municipalizadas y la Isla de San Andrés y Providencia. Además, contemplará 756 resguardos indígenas y 166 territorios colectivos de comunidades afro descendientes.
También en medio de este acuerdo se revive la necesidad de agilizar el catastro rural, proyecto que ya fue considerado por el Gobierno Nacional y que contempla la actualización de toda la información catastral del campo nacional sobre una nueva base cartográfica. Este instrumento servirá para tener un inventario técnico de todos los predios que hay en el campo, con estándares técnicos apropiados.
LR conoció en exclusiva que el costo de este proyecto está en el orden de los US$ 250 millones y que para su ejecución el Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitó recientemente al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propuestas para la financiación del proyecto y apoyo para el diseño previo a la contratación de un crédito, el cual complementaría recursos del presupuesto nacional.
Por otro lado, temas como la frontera agrícola, tierras improductivas y la protección a las reservas campesinas que también fueron objeto de debate en las negociaciones de paz, se incluyeron en el documento que consigna los puntos en común del Gobierno y la guerrilla de las Farc.
Y es que aunque el país tiene cerca de 21,5 millones de hectáreas que se pueden dedicar a la agricultura, apenas 3,8 millones de hectáreas se usan para actividades agrícolas.
Según información del Ministerio de Agricultura, la ganadería colombiana usa casi 38,6 millones de hectáreas y las plantaciones forestales ocupan una superficie de cerca a 350.000 hectáreas, cuando se calcula un área potencial de 14 millones de hectáreas.
Respecto a las reservas campesinas el acuerdo supone la protección de las seis zonas de reservas campesina existentes en el país que suman 830.000 hectáreas y en las que viven cerca de 75.000 personas, pero no clarifica si habrá espacio para la creación de un mayor número de reservas.
Lo cierto es que este tema en varias ocasiones subió la tensión en La Habana, luego de que las Farc solicitara la creación de 59 zonas de reserva campesina más con la misma autonomía económica y política de los resguardos indígenas. En ese orden de ideas habrá que esperar a que surjan mayores detalles del acuerdo. “Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr en los próximos meses el cual contiene seis puntos”, dijo De la Calle.
Lo que está claro es que las conversaciones en La Habana empiezan a mostrar sus primeros frutos tras la concertación de uno de los puntos más álgidos de los diálogos de paz pues toca la espina dorsal del conflicto: la tenencia de tierras.
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