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Germán Ávila, ministro de Hacienda
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De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ese sería el monto de recursos necesarios para atender la crisis climática
En el marco del Consejo de Ministros que se viene desarrollando en la jornada del 10 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila intervino sobre las presiones fiscales que ha tenido que atender el actual Gobierno. Y señaló que frente a la crisis climática por lluvias del presente año, avanzarán en una nueva declaración de emergencia económica para recaudar un monto de $8 billones. Según explicó, ese sería el monto requerido para atender las afectaciones producto de la emergencia climática.
En su intervención, Ávila también argumentó que los ajustes que tuvo que hacer el Gobierno al precio de la gasolina para cerrar el déficit del Fepc, y las negativas del Congreso de la República a la Ley de Financiamiento, llevaron a que se acumularan aun más compromisos y se generara una mayor presión fiscal para el Gobierno.
"La decisión del Gobierno pasado de no incrementar el precio de la gasolina, y de abrir esa brecha entre el precio internacional y el interno, acumuló una deuda sustancial en el Fepc. Solamente se cerró esa brecha en este Gobierno con los ajustes respectivos. Eso generó un hueco fiscal de cerca de $79 billones en los últimos tres años", señaló el Ministro.
El ministro también se refirió al incremento en las tasas de interés de referencia que fijó el Banco de la República. Lo que, según argumentó, sigue generando estrechez a la economía. Y sobre las críticas que ha tenido el aumento del salario mínimo, dijo que "hay evidencia suficiente de que su impacto inflacionario ha sido marginal". Para Ávila, todo este panorama en los fundamentales de la economía son evidencia suficiente sobre la necesidad de declarar una nueva emergencia.
Según señaló, buscarían recuadar en esta nueva emergencia un monto de $8 billones para hacer frente al impacto que ha tenido la temporada de lluvias. Es así que la nueva declaración se basaría en la implementación de un impuesto al patrimonio a personas jurídicas, el cual se aplicaría a empresas con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a más de $10.000 millones. Estas compañías aportarían una tarifa marginal de 0,6% como impuesto hasta llegar al nivel de 600.000 UVT. El ministro agregó que la medida impactaría a cerca de 15.000 empresas.
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