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La historia arranca con un crédito que la Tesorería de la Nación le otorgó al Fepc el 17 de junio de 2014 en el que la Dirección de Crédito Público desembolsó $783.680 millones más $69.496 millones que corresponden a los intereses y que fueron contabilizados en el pagaré 002-2015.
Dicho crédito se hizo en el marco de las operaciones que autorizó la Reforma Tributaria de 2012 en el parágrafo tercero de su artículo 130. Dicha normativa permite los créditos del Tesoro al Fepc con el fin de ser incorporados en el presupuesto del año siguiente. No hay que olvidar que en el Plan Financiero que realizó el Gobierno Nacional para 2016 se preveía la emisión de estos papeles para atender las obligaciones en Caprecom, Fepc y Banco de la República, que sumaban $1,9 billones. En mayo de 2016, un mes antes de vencerse la obligación del Fepc, la Subdirección de Financiamiento Interno dio a conocer los TES con los que podría atender dicho monto.
Fueron tres tipos de papeles los que estarían disponibles. Uno con vencimiento en 2022 (cuatro de mayo), otro con fecha de pago en 2026 (26 de agosto) y el último con plazo hasta 2030 (18 de septiembre). Los tres papeles que emitirá el Gobierno Nacional tendrán denominación en pesos y contarán con una tasa cupón de 7%, 7,50% y 7,75% respectivamente.
Luego de realizar la operación, el Ministerio de Hacienda realizará una cuenta de cobro. No hay que olvidar que el Fepc fue creado en 2004 para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo afectara el precio del galón de gasolina.
José Roberto Acosta, vocero de la Red de Justicia Tributaria, señaló que “esta operación realizada por el Gobierno Nacional es cubrir un hueco abriendo otro y es la demostración que en los momentos en que habían formas de ahorrar recursos, producto de la bonanza petrolera, el Gobierno no lo realizó. Entre otras porque no se guardaron los ahorros”.
El abogado y tributarista considera que “esta operación simplemente constituye una operación convenida aumentando el plazo de la obligación y no se mantuvo una política anticíclica. Y lo grave es que esta operación se renueva y se alarga el problema a futuro como también lo generan las vigencias futuras”.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por el Gobierno hace unos días, el total de vigencias futuras autorizadas a 30 de abril de 2016 cubre el periodo 2017-2040 y asciende a $85,4 billones. El 68% corresponde a Alianzas Público Privadas.
Deuda pública subió durante vigencia 2015
En el Marco Fiscal también se observa un crecimiento de la deuda bruta del Sector Público No Financiero al pasar de 45,9% en 2014 a 51,3% en 2015. Precisamente, el año pasado este sector registró un déficit primario, correspondiente al balance sin incluir el pago de intereses, equivalente a 0,6% del PIB. Según el documento, se explica por los resultados del Sistema General de Regalías, afectado por la caída del precio del petróleo. José Roberto Acosta indicó que esto es otra prueba de un mal manejo en la política fiscal que terminará en una mayor carga tributaria.
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