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José Manuel Restrepo
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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, alertó sobre el uso de la provisionalidad como mecanismo de reubicación de funcionarios de confianza del gobierno saliente
A través de documento dirigido a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el vicepresidente y coordinador del proceso de empalme gubernamental, José Manuel Restrepo, solicitó a esta cartera abstenerse de realizar nombramientos en provisionalidad en cargos de la Carrera Diplomática y Consular de la Planta Externa hasta el 7 de agosto de 2026.
En la carta, Restrepo aseguró que el Equipo de Empalme tiene conocimiento de que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaría tramitando la designación de varios funcionarios actualmente vinculados a cargos directivos de confianza en esa Cartera, en cargos de la Carrera Diplomática y Consular en embajadas y consulados colombianos en el exterior.
Entre las razones que fundamentan esta solicitud, el Restrepo explicó que "la designación en provisionalidad de personas ajenas a la Carrera Diplomática y Consular en cargos que le son propios únicamente procede cuando, por aplicación de las normas vigentes, no sea posible designar a un funcionario escalafonado".
Frente a ello, el vicepresidente electo aseguró que desconocer ese mandato, al utilizar la provisionalidad como mecanismo de reubicación de funcionarios de confianza del gobierno saliente ante la inminente terminación de sus cargos, "compromete los principios de mérito, moralidad e igualdad que deben orientar toda decisión de gestión del empleo público, conforme al artículo 209 de la Constitución Política", anotó.
Así mismo, el mandatario electo, se refirió desde una perspectiva fiscal a la situación, asegurando que "los nombramientos en provisionalidad efectuados sin necesidad acreditada del servicio generan obligaciones presupuestales que el nuevo Gobierno deberá asumir y que, en caso de ser revertidas mediante retiro o reubicación del personal así designado, pueden derivar en reclamaciones administrativas y eventuales procesos de responsabilidad fiscal, circunstancia que la Contraloría General de la República ha calificado como riesgo de detrimento patrimonial en situaciones análogas".
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