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Jorge Emilio Rey solicitará al MinAmbiente un cambio de plazo en la consulta para lineamientos de la sabana de Bogotá
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El gobernador de Cundinamarca afirmó que la resolución tiene ambigüedades que resultarían en archivo de licencias para proyectos
En medio de la polémica por la publicación de la resolución de parte del Ministerio de Ambiente, sobre nuevos lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó en La FM de RCN que solicitará un cambio en los plazos de la consulta del proyecto.
"Presentaremos ante el Ministerio de Ambiente un oficio para que no se tome en cuenta el primer plazo de la consulta (14 de marzo) hasta que se puedan adelantar mesas de trabajo con la sociedad civil y los diferentes actores sobre el impacto de esta resolución", señaló Rey.
El gobernador de Cundinamarca afirmó que la resolución cuenta con ambigüedades que resultarían en el archivo de licencias para proyectos. "Consideramos que al proceso le ha faltado conversación, diálogo y evaluaciones técnicas al modelo de ocupación de la sabana de Bogotá que propone el Ministerio de Ambiente".
El mandatario reconoció que durante la fase de diagnóstico de la resolución fueron tomados en cuenta por la cartera y entregaron la información requerida. Sin embargo, "nunca se especificaron los impactos ambientales en el territorio, ni conocimos los anexos o la cartografía para determinar con precisión el alcance de la resolución".
Desde la administración distrital hasta la Cámara Colombiana de la Construcción, se señalaron los efectos que tendría la puesta en marcha de la resolución sobre nuevos lineamientos ambientales para 35 municipios de Cundinamarca y cuatro de Meta. Se estima que se afectarían cerca de 172.000 familias que ya viven en barrios legalizados y que han tenido inversiones de acueducto.
Sobre proyectos de vivienda, Camacol estima que se perjudicarían 360.000 viviendas de la sabana de Bogotá por el potencial bloqueo de 2.930 hectáreas. Agregaron que los proyectos de vivienda de interés social serían los más afectados en tanto que 60 proyectos de este tipo en 3.000 hectáreas de área urbanizable se frenarían.
También se prevé que, de avanzar con la resolución ambiental, estarían en vilo proyectos viales y de movilidad como la ampliación de la Autopista Norte, la vía Suba-Cota, la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima; el proyecto de expansión urbana Lagos de Torca, el aeropuerto Guaymaral, el Regiotram de Occidente y del Norte, el desarrollo de la Avenida Longitudinal de Occidente y el cable que conectaría a La Calera con Bogotá.
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