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Jorge Andrés Carrillo Cardoso gerente General de EPM
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La solicitud argumenta que los requerimientos adicionales de varias autoridades implican una prórroga que no les es imputable
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, solicitó formalmente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la extensión del plazo para poner en operación las dos primeras turbinas de Hidroituango. A través de una carta, publicada por El Colombiano, el directivo dijo: “Solicitamos que se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto, que cubren las obligaciones de energía en firme, por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades”.
El documento deja claro que, si bien el cronograma avanza sin retrasos y todo está dado para cumplir con el compromiso de poner en funcionamiento las turbinas antes del 30 de noviembre, los pedidos de varias autoridades de realizar todas las pruebas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo implican una prórroga.
“Si bien los montajes de obra avanzan sin retrasos, es importante informarle que EPM ha recibido nuevos requerimientos (...) que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no es imputable”, dice el documento revelado por el medio antioqueño.
Aunque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había "dado luces" de que Hidroituango podría entrar en operación el próximo 15 de noviembre en caso de concretarse el plan de contingencia con las comunidades aguas abajo para esa fecha, después de una larga reunión entre el consejo departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, se descartó esta posibilidad.
En la carta dirigida a Jorge Alberto Valencia, director ejecutivo de la Creg, Carrillo justifica la solicitud de un plazo adicional mencionando los pedidos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de evacuar 5.000 personas entre Puerto Valdivia y Tarazá. Este martes, de hecho, EPM realizará un simulacro de evacuación de las comunidades aguas abajo.
Además, Carrillo mencionó la solicitud de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (Anla) de actualizar, a más tardar el 8 de diciembre, el plan de contingencia para la entrada en operación de las dos primeras unidades, y el pedido de la Procuraduría de hacer varios simulacros como el mencionado.
“Igualmente, deberá evaluarse el impacto que estos mismos requerimientos pudieran tener en el cronograma de las unidades 3 y 4. Estaremos dispuestos a reunirnos con la comisión”, concluye la misiva.
Es importante que recordar que varias entidades, como la Gobernación de Antioquia, ya se habían referido a la necesidad de solicitar una ampliación del plazo de operación por considerar que no es viable cumplir con todos los requerimientos para el 30 de noviembre.
En caso de un cumplimiento, EPM se expone a multas de hasta US$190 millones, además de la pérdida del cargo por confiabilidad, que representa cerca de US$65 millones por 18 años.
La decisión frenó el avance del análisis en la Sala Plena, que aún no adopta una determinación sobre la exequibilidad de las medidas
Cabe resaltar que desde 2019, la Ley 1955 estableció la obligación para las comercializadoras de cubrir al menos 8% de su demanda con energías limpias
La resolución entra en vigencia a partir de su expedición y habilita a las partes para continuar con los trámites necesarios para la firma del contrato
